La gran masa de desplazados que llegaron a Valledupar provenientes de distintas zonas del departamento del Cesar y de otras regiones del país en busca de nuevas oportunidades, no solo traían a cuestas su tragedia de la violencia, sino un gran problema para las autoridades locales que deben garantizarles los servicios de salud, educación, vivienda. Muchas de estas familias, por lo menos en Valledupar, se ubicaron en zonas vulnerables, agrandando los cordones de miseria que existían y por ende creando mayores necesidades que al no ver satisfechas, debían salir a satisfacerlas.
Lo mínimo que podía ocurrir era que las personas desplazadas que llegaron al Cesar, pero especialmente a la capital del departamento, que es donde se concentra el mayor número de desplazados en toda el territorio cesarense, era que consiguieran un empleo digno. Al no suceder esto, el empleo informal aumentó y con ello la proliferación de ventas ambulantes, de restaurantes ubicados en las esquinas, de ventas de minutos, y lo más grave, tal vez se multiplicó el mototaxismo, actividad no reglamentada por la ley. Pero aún más grave, también crecieron los hechos delincuenciales, hurtos, raponazos, atracos a mano armada, homicidios, todos estos hechos secuelas del aumento de la población desocupada.
Este panorama es reconfirmado por la Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (ORMET), una estrategia conjunta del PNUD con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que en Valledupar tiene un profesional responsable de hacerles seguimiento a los indicadores que someten a estudio. La afirmación la hacen en su primer boletín oficial como Red, en el que aseguran que: “… la población en condición de desplazamiento registra una tasa de desempleo del 35,5%, mientras que para el total nacional fue del 10,2% en el año 2012, siendo Magdalena, La Guajira, Chocó y Cesar los departamentos con la mayor brecha entre la tasa de desempleo departamental y la tasa de desempleo de la población desplazada”.
Infortunadamente el Cesar no podía faltar. Mientras la media departamental de desempleo en el departamento es parecida a la cifra nacional -12,4%-, la cifra de desempleo de desplazados llega casi al 40%, una escandalosa cifra si se tiene en cuenta que la ciudad se proyecta como una de las mejores de la Costa Atlántica, donde se ejecutan importantes obras de infraestructura que en principio, deberían ser generadoras de empleo.
Los datos del ORMET indican que uno de cada tres desplazados está desempleado. Es decir, que en el Cesar esa cifra cambia y se podría hablar de dos de cada tres. En todo el país, según cifras de la Acunar, en el 2012 el registro de desplazados era de tres millones 945 mil personas, que representa el 8,5 % de la población nacional, y en el Cesar de esta cifra existe un porcentaje significativo.
¿Es la población desplazada la culpable de todos los males sociales de la capital del Cesar? O por el contrario, ¿es el abandono institucional el que hace que los desplazados acudan a cualquier medio para subsistir, incluyendo los actos delictivos? Si tanto el gobierno departamental como el municipal pregonan a boca llena su compromiso con las comunidades vulnerables, ¿entonces donde está la falla? ¿Por qué el Cesar está entre los cuatro departamentos del país con la mayor brecha entre el desempleo nacional-departamental y de los desplazados?
Estos estudios que muestran indicadores serios, son una oportunidad para redireccionar sus políticas públicas, que en algo deben estar fallando.