Un grupo significativo de mujeres, representantes legales de Fundaciones del Departamento para la defensa de sus derechos, se hicieron presentes en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo del Magdalena; allí expusieron sus inquietudes y malestar como víctimas de la violencia sexual y otras que padecen, hecho ocurrido este 25 de mayo.
La Corte Constitucional en los autos 092 de 2008 y 009 de 2015, catalogó la violencia sexual en el marco y desarrollo del conflicto armado como uno de los riesgos que enfrentan las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. En este sentido el Decreto Nacional 1480, estableció el 25 de mayo de cada año, día para conmemorar las víctimas de la violencia sexual, esto con el propósito de dignificar a miles de víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado. La iniciativa de esta norma la originó la periodista Jineth Bedoya, quien a propósito un 25 de mayo, pero hace 16 años, fue secuestrada, torturada y violada por sus captores. Ella desarrolló la campaña de concientización: “No es hora de callar”, motivando a muchas mujeres a denunciar sus casos. La periodista argumenta además que este día trascenderá especialmente para que sea una fecha de dignificación para ellas; su caso fue declarado de lesa humanidad en 2014 por la Fiscalía General de la Nación.
Según Carlos Valdés, director de Medicina Legal en Colombia: “existe un 70 % de violencia sexual en el país que no se conoce, porque solo un 30 % de ellas denuncian”. En 2016 se presentaron 17.740 víctimas.
Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo, tiene razón cuando ha expresado que las mujeres han sido las más afectadas, recibiendo la mayor parte de la confrontación del conflicto bélico en estos 52 años; además ha vivido en carne propia y por eso tiene la autoridad crítica para pronunciarse y lo que pretende en la defensa de los derechos y esclarecimiento de casos contra las víctimas; por esa actitud las respaldamos.
Este tipo de actos violentos por su naturaleza se realizan sin el consentimiento de la mujer y les puede generar sufrimientos y secuelas. El Código Penal Colombiano tipifica como delitos y castiga varias conductas de carácter sexual que se integran como violación, actos sexuales abusivos y lo relacionado con la trata de personas y explotación sexual. Los jueces colombianos tienen herramientas suficientes para aplicar con rigor justicia a quienes delincan contra las mujeres, mujeres que lamentablemente han sufrido y padecido ésta situación no deben ser objeto de burlas, ni ser re victimizadas.
En el referido plantón el Defensor del Pueblo, Albeis Fuentes Pimienta, señalo: “son mujeres que han llamado la atención de toda la institucionalidad que tiene la obligación de atenderlas y proteger los derechos de cada una de las víctimas y por su condición de ser mujer. Existen barreras en la administración de justicia, la Defensoría las ha querido superar con acompañamiento jurídico, el goce y disfrute de sus derechos. La Defensoría es casa de derechos y magistratura moral”. La exdiputada Carlina Sánchez, también presente en el plantón, manifestó: “las mujeres en el Magdalena viven momentos tormentosos, violentos; hoy con sensibilidad ejercen con un plantón hacer visible que la sociedad despierte y sea más activa para que se reconozcan los derechos de las mujeres; la Defensoría no ha sido indiferente y les ha recibido”.
Colombia debe pronunciarse, no ser ajena ante estos actos, debe rechazarlos de plano y considerar esta violencia como algo bastante nefasto que debe quedar en el pasado y otorgarles la dignidad a las mujeres violentadas.
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Por Jairo Franco Salas