En el informe sobre Colombia presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quedó registrado lo siguiente: “es posible prever que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras)”. Esta advertencia recobra vigencia, luego de que el frente primero denominado ‘Armando Ríos’, revelara su decisión de no entrar en el proceso de desmovilización y entrega de armas.
El propósito disidente del bloque ‘Armando Ríos’, eventualmente podría jalonar a otros, materializando las hipótesis del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los análisis de ‘The Economist’ y ‘Bloomberg’, documentados por la columnista Paola Ochoa, donde afirman que las Farc para continuar con el negocio del narcotráfico tendrían un “plan B” que consiste en el cambio de brazalete hacia el Eln.
Anuncio de disidencias no es un tema menor, al margen de las expresiones del presidente Juan Manuel Santos, relativas a que quienes no entren en el proceso de paz terminarán en una cárcel o en una tumba, no cabe duda que son los mismos negociadores de las Farc quienes tienen la obligación de brindar información detallada que facilite la captura de los subversivos que pretenden seguir financiando la continuidad de la guerra con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Las consideraciones de disidencias en los procesos de negociación de conflictos son normales, sin embargo, en el caso puntual del bloque primero, no deben surgir argumentos convalidados por precedentes históricos, cada caso es diferente como el momento. El bloque ‘Armando Ríos’, en estudio citado por el Centro Nacional de Memoria Histórica mostró que para el periodo 1991-2001, el Bloque Oriental alcanzó a concentrar el 29 % de toda la actividad armada de las Farc, llegando también a contar con el mayor número de guerrilleros y mayor cobertura territorial.
El anhelo de creer que lo mejor para el país es terminar el conflicto como emblema de gestación de sociedad y nación no determina que desestime el disenso, tampoco las situaciones que alimentan la desconfianza como la artimaña que procura usufructo político. Contar con planes de contingencia es una herramienta para afrontar el desarrollo de las actividades suscritas en la ejecución de proyectos, seguramente el gobierno del presidente Santos, también tiene entre sus manos un “plan B” para encarar el posconflicto.
Terminar el conflicto es una decisión compleja, ponerle fin por la vía negociada o a través de la guerra deja sabores distintos, pero entre todas las cosas, es notable el daño causado en el periodo que ha estado vigente. El fin del conflicto debe ser definitivo, hacerlo por etapas es insuficiente y desafortunado para el pueblo colombiano, es pertinente tomar decisiones respecto al narcotráfico, esta fuente de financiación infiltró los muros impenetrables de la institucionalidad, situación impensable, por lo tanto, no podemos dudar que corrompa a los integrantes del frente primero de las Farc.
@LuchoDiaz12