Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
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Lo están logrando: la alianza de políticos corruptos, ambientalistas radicales, funcionarios sin carácter, sindicalistas voraces y organizaciones delictivas han frenado el desarrollo minero del país. Si tomamos los dos productos principales del sector, carbón y ferroníquel, el año 2013 registra una preocupante caída en los montos exportados. Claro que hay un efecto precio, pero los descensos son significativos y se explican por la ausencia de comprensión de lo que la minería puede representar como palanca para nuestro desarrollo.
Si anualizamos las exportaciones en valor de los principales productos mineros –cifras que hoy están disponibles hasta el mes de noviembre–, observaríamos una disminución del 17 por ciento en el caso del carbón y del 29 en ferroníquel. Es preocupante, no solo por la tendencia marcada, sino por el peso que tienen en nuestras exportaciones. Las proyecciones muestran que las ventas externas colombianas totales podrían caer, en el 2013, unos 1.718 millones de dólares.
Las exportaciones de carbón y ferroníquel disminuirían 1.351 y 196 millones de dólares respectivamente, lo que equivale al 90 por ciento del valor de la reducción de nuestras ventas al exterior. Dada la caída tendencial de las no tradicionales, de no ser por el repunte en las exportaciones de petróleo, el resultado de nuestro sector exportador sería preocupante.
La minería carga con un lastre de mala imagen que está postrando su desarrollo. El sector no ha tenido la capacidad de demostrar que su expansión puede hacerse sin generar una catástrofe ambiental. Hay muy buenos ejemplos en el mundo, y algunos en Colombia, de que la minería puede ser compatible con el desarrollo ecológico y social.
Pero a la falta de estrategia política del sector se suma la ambigua posición del Gobierno, que dejó tirada la locomotora minera, pues entiende que es un expediente sensible y un blanco ideal para los politiqueros de la coalición.
Los partidos de la mayoría y la oposición se disputan los turnos en el bate para pegarle sin piedad al único sector que, en el mediano plazo, puede generar los recursos necesarios para apoyar los proyectos que nos saquen del subdesarrollo. Y mientras esto sucede, la posición del Gobierno Central, las CAR, los departamentos y municipios es de una absoluta falta de claridad y coordinación.
La minería se puede hacer bien o mal. Es cierto que hasta el momento, y con excepciones, no es el mejor ejemplo de equilibrio y responsabilidad. Pero la minería sostenible es posible. Lo que se requieren son normas claras, que ya han sido definidas por estándares internacionales, y sobre todo claridad y firmeza para hacerlas respetar por todos.
El Gobierno parece haber entendido el reto que significa para la seguridad el tema de la minería ilegal, pero faltan los recursos para combatirla como la amenaza delincuencial. Ha cerrado los ojos frente a la minería ilegal, que es muy depredadora del medio ambiente, pero cuyos ramales políticos son poderosos en municipios y departamentos. Se contenta con apretar a los grandes proyectos para ganar puntos con la audiencia.
Sin minería dinámica y sostenible, el camino al desarrollo será más lento.