Se ha vuelto costumbre pensar que las cosas malas en lo público no se pueden corregir, es increíble que cuando la gestión se hace como debe ser, se vea como algo asombroso. La idea no es que tengamos que levantarle un monumento a los elegidos para que nos dirijan, porque hacen su trabajo y además porque lo hacen bien, no. Cada funcionario público que desarrolle su labor de manera adecuada es un funcionario al que se le debe dar el reconocimiento, mantenerlo y velar porque su gestión se siga aplicando. Pero de ahí a que se le mire como algo fenomenal es lo que no tiene lógica.
No podemos seguir patrocinando la corrupción y callar ante hechos que atenten contra la gobernabilidad, el desarrollo social y económico del país. ¿Hasta cuándo los pobres cada día más pobres y los ricos cada día más ricos? Esa no debe ser una premisa permanente. No es posible que los proyectos y actividades que beneficien la cultura, la educación, el deporte, la salud, la vivienda y el trabajo se vean afectados por manos inescrupulosas que viven en función de un favorecimiento personal. Increíble que todos los recursos de inversión tenga inmerso el dulce treinta por ciento para seguir patrocinando partidos y políticos corruptos.
¿En dónde está escrito eso? El Estado, a través de sus dirigentes no puede seguir favoreciendo las concesiones, aunque su nombre así lo indique, y que el pueblo siga golpeado y maltratado por tantos impuestos. La solución no está en incrementar las tasas de impuestos o ampliar su cobertura; la solución está en combatir la corrupción. El dos por mil, era transitorio y fue creado para favorecer a los banqueros, hoy se está convirtiendo en un impuesto permanente que va por el cuatro por mil.
Seguimos siendo los pobres el colchón y soporte para subsidiar el ejercicio fiscal de la corrupción en este país. Cito un ejemplo, los últimos peajes en nuestro departamento, implementados en su cobro desde el mes de mayo, su asistencia técnica no ofrece la misma agilidad y efectividad con la que cobran; esto es corrupción. Hace unos días el empresario local Fabio Torres viajaba en la vía Codazzi – Valledupar; después de pasar y pagar el peaje Sandiego su vehículo se varó, nunca fue atendido; las llamadas de auxilio al #275 de Movistar no fueron contestadas; el 123 que contestó, remitió la llamada a Policía de Carreteras, allí dijeron que esa ruta San Diego-La Paz no tiene asistencia técnica, ¿cómo la ven? Peor aún, para el #767 que maneja Invías y el Ministerio de Transporte, este peaje no existe.
Curioso que un ente del Estado especializado, no tenga en sus registros un peaje que hace cinco meses cobra sin reparo alguno. ¿Qué dice la concesión Cesar–Guajira, los señores de Cóndor? ¿Las autoridades que regulan las concesiones dónde están? ¡Pido la palabra, no podemos callar más! Sólo Eso.
Por Eduardo Santos Ortega Vergara