Durante la audiencia pública de este jueves sobre el cierre de minas del Grupo Prodeco, diferentes voces solicitaron que la empresa rinda cuenta de las compensaciones ambientales que le corresponde.
Uno de ellos fue el alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, quien pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que “obligue” a Prodeco a dar explicaciones de las obligaciones pendientes.
En el marco del evento organizado por la Comisión Quinta del Senado, el mandatario también se refirió a las reparaciones de carácter laboral, social y económica.
LA RENUNCIA
En septiembre de 2021, La Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia de esta multinacional a tres de cinco títulos mineros, a pesar de que el contrato terminaba en 2035.
“Desde hace veinte años no habíamos tenido una emergencia económica y social como la de hoy, una crisis sin precedentes”, expresó el mandatario municipal.
La propuesta del alcalde fue apoyada por los ciudadanos, entre extrabajadores y habitantes de las zonas aledañas a los socavones.
Una habitante del caserío Boquerón se refirió a los perjuicios ambientales que, según ella, Prodeco dejó en la comunidad y que “la contaminación no ha bajado como dice Corpocesar”.
La ciudadana afirmó en el auditorio que “si Prodeco vuelve a abrir, con Boquerón no hace más concesiones”.
Sin embargo, el alcalde Ovelio Jiménez subrayó que no se trata de parar la minería, “sino que hay que adaptarla para hacer la transición energética justa y equitativa”.
ANM Y PRODECO
Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, ANM, Luis Álvaro Pardo, aseguró en entrevista con EL PILÓN que la liquidación del contrato con Prodeco depende “del cumplimento de todas las obligaciones técnico-mineras, ambientales, entre otras”.
Según Pardo, la compañía extractiva “ha avanzado en el cumplimiento”, pero aún tiene pendientes, por lo que “debe dar señales de avanzar para solucionar el problema lo más rápido”.
El vicepresidente del grupo Prodeco, Oscar Gómez, dijo a este diario que le han manifestado al Gobierno nacional que están “en plena disposición de dar cumplimiento a las obligaciones mineras, ambientales y sociales” derivadas de la terminación de los contratos.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.