Preocupados por el notable retraso que tiene la obra en la vía El Zanjón- Pueblo Bello, el Comité de Veeduría Ciudadana de ese contrato, solicitó a la gerencia departamental del a Contraloría General de la República, por medio de una carta firmada por todos sus miembros, que haga intervención formal para que se ejerza el control fiscal al contrato número 2013 02 0959, según los veedores por las “irregularidades que se han detectado en su ejecución y que pueden conllevar a la pérdida de recursos públicos o sobrecostos de obra, por la demora e ineficaz gestión de supervisión de la Gobernación del Cesar”.
De acuerdo al documento enviado por el Comité de Veeduría, hay siete irregularidades que les preocupa, pues ha pasado más de un año desde que se firmó el acta de inicio de la obra y no se ha avanzado mucho.
La primera irregularidad es que no se conoce un diseño definitivo de la obra, luego de un año de inicio de la ejecución y de haber establecido un plazo de cuatro meses para la revisión del proyecto.
Otro punto que inquieta a la veeduría es la falta de información sobre el manejo del anticipo entregado a los subcontratistas y posibles fallas de control administrativo sobre estos recursos, además, en el documento señalan una posible inconsistencia legal en la formalización de los contratos los cuales pondrían en riesgo las coberturas de las pólizas de seguros.
De igual manera, el comité señala un punto que se viene publicando desde hace tiempo cuando la administración departamental confirmó que era necesario hacer una adición de 10 mil millones de pesos para finalizar la obra, no obstante, al grupo de veedores le preocupa el hecho que se pida este dinero sin tener un diseño aprobado y presupuesto oficial del proyecto. “Sobre este punto llama la atención la declaración pública del director Territorial del Invías, Layonel Arenas Díaz, quien afirmó el pasado 31 de enero en Pueblo Bello que desde el principio del contrato se sabía que el recurso dispuesto era insuficiente para cubrir el alcance del proyecto, pudiendo significar esto una violación a los principios que guían la contratación pública”, dice el documento enviado al gerente departamental de la Contraloría General de la República, Juan Jaime Celedón.
Como si fuera poco, a pesar de la adición que presuntamente se requiere, los veedores manifiestan que los representantes del consorcio constructor han planteado la posibilidad de disminuir el alcance del proyecto al no intervenir los dos puentes existentes en la vía pese a haberse entregado anticipos a subcontratistas.
Asimismo el comité muestra su preocupación, según ellos no ha existido hasta el momento un pronunciamiento por parte de la Gobernación del Cesar respecto al retraso que hay y los requerimientos efectuados por el interventor para que se impongan multas por esta situación como está estipulado en el contrato de la obra y no se ha suministrado información técnica que sustente el cambio de las especificaciones constructivas que se hicieron en los primeros 10 kilómetros de vía.
“Frente a ese cambio de diseño siempre se expresó que no generaba un desequilibrio financiero ya que compensaba con los costos de las obras que no se iban a ejecutar las mayores cantidades de relleno, pero ahora preocupa las versiones de desfinanciación del proyecto”, reza el documento remitido a la regional Cesar de la Contraloría.
La oficina de Obras del departamento del Cesar ha confirmado que faltando ocho meses para el vencimiento del plazo en la ejecución de la obra se ha avanzado solo en el 26% y como lo ha señalado este medio de comunicación en anteriores oportunidades, los recursos no alcanzan para toda la vía.
El contrato de esta obra fue adjudicado el 11 de septiembre de 2013 al Consorcio Pueblo Bello, integrado por las firmas Odeka S.A.S., con el 45%, Ángel Rincón Barón & CIA LTDA., con el 30% y R&R Ingeniería de Proyectos S.A.S. con el 25% y el valor del mismo fue de 39.913 millones de pesos.
Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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