Confesó Nicolás que su papá sí sabía de la financiación ilegal de su campaña en el Caribe. Lo dicho, que está en video, no cambia porque después de que lo visitara en Barranquilla decidiera dejar de colaborar con la justicia. Gustavo Petro debería renunciar porque su elección es ilegítima e ilícita y, además, debería ser criminalmente enjuiciado.
El Código Penal sanciona a los candidatos y gerentes de campaña responsables de que se “excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”. También habría incurrido en falsedad en documento privado, en fraude procesal y, según algunos penalistas, también en concierto para delinquir.
Además, la Constitución dice que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas […] será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”.
El primogénito, coordinador en la costa Atlántica, narra que la campaña recibió dinero y aportes de Euclides Torres y que su papá “sí sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba […] porque yo se lo mencioné varias veces [y] él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba [y además] Benedetti siempre [se] lo recalcaba en presencia mía”.
No hay duda de que esos aportes de Torres no fueron reportados por Petro y Ricardo Roa, su gerente. Los aportes de Torres se sumarían a los de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, también confesados por Nicolás Petro, y a los gastos relacionados con el pago a testigos electorales y a los asesores internacionales de la campaña. Ninguno fue reportado y con cualquiera de ellos se violarían los topes.
A semejante escándalo hay que agregar el del Pacto de la Picota, también confesado por Juan Fernando Petro, así como el de Casanare con el mafioso Sobrino y su mujer, suficientes para haber tumbado a cualquiera, y al que ahora salpica a Verónica Alcocer no solo por recibir dineros no reportados para una “campaña paralela” sino por exigir y recibir “coimas […] beneficios burocráticos, contratación, etcétera”.
De lo confesado por su primogénito, de lo dicho por su hermano, y de los audios entre Benedetti y Sarabia, se concluye que Petro ganó la Presidencia por el apoyo recibido por grupos violentos y de narcos a partir de acuerdos realizados en las cárceles, que su financiación fue ilegal y violó los topes y que él lo sabía, que en su Gobierno se trafican burocracia y contratos a cambio de coimas, y que en la recepción de dineros ilícitos están involucrados su hijo, su esposa y su hermano. Un Gobierno y una familia metidos hasta el cuello en el crimen.
Petro no tendrá la gallardía de renunciar. Pero la noticia criminal está ahí. La Fiscalía tiene que proceder contra los no aforados y trasladar lo de los aforados a la Corte. La Comisión de Acusaciones y el CNE deben actuar de oficio sobre lo que involucra a Gustavo Petro. Prevarica quien no lo haga.
Por: Rafael Nieto Loaiza