En una sesión informativa con medios regionales, la jefa de la regional Valledupar de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Anna Pont, subrayó que en el Caribe colombiano, en medio de todos los retos que persisten, la reincorporación avanza pese a que la pandemia ha afectado la mitad de las iniciativas productivas de los excombatientes de Farc.
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La funcionaria, citando el más reciente informe del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre Colombia, reiteró que la sostenibilidad del proceso de reincorporación, la cual sigue siendo una prioridad para el 2020, se ha visto limitada por las medidas definidas para atender el coronavirus, resaltando que los desafíos tienen que ver, sobre todo, con la comercialización, a causa de las restricciones a la circulación y la asistencia técnica, que se ha visto afectada por la brecha digital que existe en las zonas rurales.
Por ello, en este informe, presentado el 14 de julio en Nueva York, y que corresponde al periodo del 26 de marzo al 26 de junio de 2020, el secretario general recomienda reforzar la asistencia técnica a los proyectos productivos y los esfuerzos para ayudar a los excombatientes a encontrar oportunidades comerciales para sus productos y servicios. Asimismo, reconoce cómo las partes trabajan juntas en medidas de prevención y mitigación de la covid-19 en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, y comunidades aledañas y cómo ha continuado la aprobación de proyectos productivos, beneficiando a cerca del 30 % de personas en proceso de reincorporación.
PALIAR LA CRISIS
Pont dijo que, en medio de este difícil contexto, el Caribe colombiano, especialmente en lo que tiene que ver con los antiguos ETCR de Pondores, en La Guajira, y Tierra Grata, en el Cesar, sigue siendo un ejemplo en materia de reincorporación. “Pese a que sus proyectos productivos se han visto seriamente afectados, han podido, en muchos casos, adaptarse y encarar la crisis como oportunidad”, acotó.
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Destacó experiencias exitosas como las de las iniciativas productivas de confecciones que, tras quedarse sin clientes por la pandemia, se dedicaron a hacer tapabocas con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, PNUD, la Misión de la ONU y la FAO.
Hoy los proyectos de confecciones de Pondores y Tierra Grata tienen permiso del Invima para fabricar tapabocas y sus miembros han sido formados en protocolos de bioseguridad. A nivel nacional son once las iniciativas de excombatientes dedicadas a la producción textil (seis de las cuales están dirigidas por mujeres), que han empezado a confeccionar tapabocas. Miles de estos tapabocas fueron donados a poblaciones vulnerables.
Por otro lado, en los ETCR de Pondores y Tierra Grata los excombatientes trabajan en un proyecto de vivienda con el que esperan establecerse y continuar su reincorporación a la vida civil. “Su deseo de construir viviendas es un testimonio de su voluntad de paz. Estos espacios tienen hoy el doble de la población que cuando empezó el proceso de paz y allí han llegado a vivir familiares o nuevos miembros de familia de los excombatientes, han nacido sus hijos y construyen una nueva vida en la legalidad, lo cual significa un triunfo para la paz”, destacó Pont.
La funcionaria aseguró que el informe del secretario general de la ONU reconoce el esfuerzo tanto del Gobierno nacional como de los excombatientes para atender necesidades específicas, entre otras cosas en materia de acceso a la atención de la salud y servicios básicos, así como para mejorar la asistencia técnica a fin de ayudarlos a implementar sus proyectos productivos.
SUS DESAFÍOS
Según la funcionaria, si bien hay varias cosas positivas que destacar, persisten grandes desafíos. El principal de ellos tiene que ver con las garantías de seguridad. “Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos han continuado durante la pandemia, lo que vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema”, aseveró.
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En el período sobre el que se informa la misión verificó 13 asesinatos (todos ellos de hombres), con lo que en 2020 suman en total 31 (incluidas 2 mujeres). Desde la firma del acuerdo final, la misión ha verificado 213 asesinatos de exmiembros de las Farc-Ep (incluidas 4 mujeres), 48 intentos de asesinato (incluidas 2 mujeres) y 15 desapariciones. Del total de los asesinatos de excombatientes, dos de estos han ocurrido en el Caribe: uno en Sucre y otro en Córdoba.
El informe hizo un llamado a la completa implementación del punto 3.4 del acuerdo final, incluyendo avances sustantivos en la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y criminales de parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la aprobación, financiación y asignación de esquemas de protección, y mayores avances en el Programa Integral de Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.