Pero los corregimientos necesitan agua potable y permanente

Está abierto el debate en torno a la propuesta de crear una empresa adicional a Emdupar para prestarle el servicio de acueducto y alcantarillado a los corregimientos del municipio de Valledupar.

La propuesta ya logró un primer paso, tras conseguir la aprobación por parte del Concejo Municipal de las facultades que requiere el alcalde Ernesto Orozco para comenzar a darle viabilidad a dicha iniciativa.

¿Por qué el debate? La creación de una nueva empresa tiene muchos contradictores, pero también sus defensores. Curiosamente dentro de los 17 concejales que votaron a favor del otorgamiento de facultades al ejecutivo hay muchos que tienen sus recelos en contra del tema.

Por fuera del Concejo Municipal, los que se oponen miran el proceso con mucha suspicacia y consideran que eso se podría prestar para que en futuro no lejano termine de liquidar de manera definitiva a la empresa Emdupar, actualmente intervenida por la Superservicios, pero que el presidente Petro quiere devolverla al municipio de Valledupar. Otros argumentos en contra son los referidos a la creación de más burocracia y también está el pesimismo frente a la falta de cultura de pago en las comunidades rurales y porque además todavía no se tiene suficiente información que asegure la viabilidad y sostenibilidad tanto financiera como técnica de la nueva empresa, por ello se pide un estudio previo, serio y riguroso.

Es sano que se dé la discusión, porque en medio de ese constante debate están las comunidades de los 25 corregimientos de Valledupar, una población que, según datos entregados en el Concejo Municipal, es de 48.666 habitantes que históricamente han clamado por una solución definitiva a la falta de agua potable en sus localidades.
Independiente de los argumentos en pro y en contra, lo único cierto es que las comunidades rurales tienen todo el derecho de contar con un buen servicio de acueducto y alcantarillado, por ello se puede calificar la intención de este proyecto como algo muy loable y que responde a una necesidad urgente en los corregimientos. Otra cosa son los manejos políticos, burocráticos e intereses particulares que puedan existir detrás de todo eso y es ahí donde le hacemos el llamado a los entes de control y a las distintas veedurías ciudadanas para que vigilen el proceso y ayuden garantizar su transparencia y seriedad.

La administración municipal está en la obligación de despejar una serie de interrogantes: ¿cuánto cuesta la creación de una nueva empresa? ¿Cómo será financiada? ¿Cómo garantizará un buen recaudo por los servicios ofrecidos? ¿De dónde saldrán los recursos, si son públicos 100 % o habrá participación de firmas privadas?, entre otros muchos aspectos que preocupan por el momento.

Que el debate también sirva para que se revisen el resto de las comunidades rurales del departamento del Cesar, las cuales cuentan con una cobertura muy reducida de agua potable, según se pudo abstraer de informes de la empresa Aguas del Cesar, esta es apenas de un promedio cercano al 50 %, allí se requiere también que se comience a mirar soluciones de gran alcance.

La escasez de agua potable es un problema real y antiguo en los pueblos, no hay la infraestructura suficiente y las distancias entre los centros urbanos y las zonas más alejadas complican la logística. Por todo ello, se debe superar ese dilema que plantea una pugna entre la burocracia y la necesidad urgente de garantizarles a los corregimientos el derecho a contar con el preciado líquido. Se debe comenzar muy pronto un ciclo de concertaciones y socializaciones que le den luz verde a la mejor solución.