En mi condición de docente universitario en las cátedras de Derecho Penal y Probatorio, vengo desde hace tiempo, como columnista, insistiendo y develando el daño que hacen los periodistas que se pretenden (sin serlo) “juristas” y con protervia conducen a una sociedad multiforme como la nuestra. Atrevidos.
Ese sí, el jurista Jaime Granados postuló, en ejercicio de defensa, dos tesis: la primera ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y la segunda ante la Procuraduría General de la Nación, en favor de su defendido, el exsenador Eduardo Pulgar. En síntesis, reclamaba ante la justicia judicial que, como consecuencia de la renuncia de su defendido a la condición de senador, su proceso penal transitara hacia la Fiscalía General de la Nación. Y de la justicia disciplinaria a cargo del órgano de control, Procuraduría General de la Nación, hacia la Comisión de ética del Senado.
La postura de Granados era evidentemente ambivalente porque al propio tiempo que sostenía que los hechos por los que se le investigaba penalmente a su defendido nada tenían que ver con sus funciones congresionales, afirmaba lo contrario, es decir, que sí tenían que ver con sus funciones, en sede disciplinaria. ¡Sí, pero no!
Lo anterior, con sorna lo divulga en una columna intitulada ‘El caso desgranado’, el arrogante “jurista” periodista Daniel Coronell. Lo que se le repara no es que haya divulgado la noticia, sino ofrecer una ignorante carga argumentativa para desafiar la decisión de la CSJ. Seguramente él se vanagloria y sus innumerables seguidores de las redes sociales lo aplauden, pero creen que lo que recientemente se decidió obedeció a lo que dijo como columnista.
Estoy absolutamente seguro de que los magistrados ni lo leen, sino que es una postura sistemática de ese alto organismo judicial, decantada por su jurisprudencia, que, si los hechos y el comportamiento nada tienen que ver con las funciones desempeñadas como congresista, no se mantiene el fuero constitucional. En caso contrario, sí, como ocurrió en lo factual de los casos del inefable Pulgar.
Igualmente, el exsenador Bernardo Elías -quien purga pena por el caso Odebrecht- por deberes con la Fiscalía, ofrece un testimonio en fase de juicio oral que se le sigue al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Y alrededor de su testimonio se ha dicho -entre otros por la altiva periodista “jurista” Vicky Dávila- de todo, con una colosal impropiedad. Tanto es así que en lenguaje costeño y rajado, en una entrevista, el exsenador “Ñoño” Elías, le dijo que se abstuviera de hacer justicia paralela y juicios valorativos y que solo a él como testigo le atañe relatar hechos de los que tenía conocimiento directo y personal, mas no asumir la condición de acusador.
Ahí en ese proceso el exsenador tiene la camiseta de testigo, no de acusador, por lo tanto, no confesaba nada, sino que como testigo daba el relato que tenía de unos hechos y que solo el juez de conocimiento debe valorar y darle credibilidad o no, apreciando las inconsistencias, contradicciones e imprecisiones (persuasión racional de la prueba). La técnica de preguntas en una entrevista de un periodista es totalmente distinta a las preguntas que se formulan en sede judicial, con las técnicas de los interrogatorios cruzados. ¿Sabrán siquiera (mínimamente) Coronell y Dávila de esa práctica jurídica?
La observación que se hace a los mediáticos “juristas” periodistas Coronell y Dávila, es que colosalmente pierden el control cuando opinan como columnistas sobre temáticas probatorias, penales o disciplinarias y anteponen a su rol, la notoria inquina partidista y personal que sin disimulo algunos asumen contra los expresidentes Uribe y Santos. ¡Cuasi “juristas” insolentes! Vanidosos.