Continuando con nuestro análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, quiero destacar que mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24 % para las pequeñas empresas y 30 % para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35 %, lo cual resulta muy gravoso para las Pymes, las más golpeadas por la crisis pandémica.
Además, llama poderosamente la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”, al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.
Además, pese a que la ANDI le ofreció al Gobierno, además de aumentar el impuesto de renta a las empresas, reversar “el descuento del ICA y continuar como deducción”, en el proyecto proponen solo reducir el descuento del 100 % al 50 %. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12.4 billones, la propuesta del gobierno es de $10.6 billones, $1.8 billones menos (¡!).
Sigo sin entender por qué razón no solo no se acogió el ofrecimiento que hicieron Fenalco-Acopi de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantener los tres días sin IVA, sobre todo que no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados.
Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron solo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6.5 billones, la deducción del 50 % del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, las mismas que la Comisión de expertos contratada por el Gobierno recomendó suprimirlas por su inutilidad y altísimo costo fiscal.
El solo beneficio para las zonas francas ficticias le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2.4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos como inconvenientes beneficios tributarios. Entre tanto, los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que perder es ganar un poco.