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Peor el remedio que la enfermedad

El departamento del Cesar desde el año 1995 comenzó a recibir regalías por la explotación del carbón que tiene en su suelo. Fue el inicio de una supuesta época de bonanza que se vería reflejada en la calidad de vida para los habitantes de los municipios mineros que recibirían los recursos de manera directa para invertir en educación, salud, saneamiento básico y disminución de la mortalidad infantil. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una buena época, se fue tornando en una maldición, como lo calificó en en el 2005 el contralor general de ese momento, Antonio Hernández Gamarra.

Su calificativo se fue haciendo cada vez más real. Los alcaldes de los pueblos mineros, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná y Becerril, comenzaron a meterse en líos jurídicos por las irregularidades de la inversión de las regalías. Era fácil comprobar esa situación, la vida de sus pobladores no cambiaba, sino que por el contrario empeoraba. No tenían agua potable, infraestructuras educativas adecuadas, vías de acceso deficitarias, entre otros.

La pésima inversión y el mal uso de los recursos de regalías provocaron de alguna manera, que le gobierno nacional se las llevara y se creará un Sistema General de Regalías, SGR, que permitiera repartir mejor la mermelada para todo el país.

Fue cuando salió a la luz pública el Acto Legislativo que tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del primero de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determinó la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

Sin embargo, cuando faltan dos meses para que se cumplan cinco años de la implementación del SGR, las cosas no han cambiado en el Cesar. Acaba la Contraloría General de la República de emitir un informe donde encontró 73 hallazgos con una presunta incidencia fiscal por 55.653 millones de pesos en la región Caribe, que ente otras cosas es la zona del país con mayores casos. Esta afirmación la hace con base en las auditorías que adelantó el organismo de control en el primer semestre de 2015, en Gobernaciones y municipios.

Lo paradójico es que de esos 73 hallazgos en la región Caribe (San Andrés, Córdoba, Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena, Sucre y Bolívar), 37 son en el Cesar por 29.556 millones. Le siguen Magdalena, con 4 por $11.209 millones; Bolívar, 11 por $5.958 millones; Córdoba, 5 por $4.788 millones; La Guajira, 8 por $3.696 millones; y Sucre, con 8 por $444 millones.

Los sectores más representativos en orden de presuntos hallazgos son Vivienda Ciudad y Territorio, Medio Ambiente, Educación, Transporte; ,Salud y Protección Social.

La Jagua de Ibírico y la Gobernación del Cesar lideran los hallazgos. Las cosas no han cambiado. Las regalías no son una bendición como se esperaba. ¿Hasta cuándo?

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