En el año 2016, el presidente Xi Jinping decidió convertir a la China en el gigante de la industria de las semillas y pesticidas, y le encargó a la empresa estatal ChemChina adquirir diversas compañías en Europa, Israel y Suiza. Con la compra de Syngenta (US$ 43.000 millones), hoy ejerce el mayor control mundial del comercio de los agroinsumos y comenzaron a desarrollar cultivos transgénicos para garantizar los alimentos a los 1.300 millones de habitantes.
En Colombia ocurre todo lo contrario. La única empresa que teníamos para producir fertilizantes al sector agrícola del país fue vendida años atrás por Ecopetrol a Petroquímica de Venezuela. Hoy nos está haciendo mucha falta Monómeros. La crisis mundial de escases de contenedores disparó los fletes marítimos encareciendo los fertilizantes que estamos importando para abonar 6.8 millones de hectáreas de tierras agrícolas y las fincas ganaderas para alimentar unas 26 millones de cabezas de ganado. Esta situación coyuntural está golpeando duro las rentas de nuestros productores del campo.
Según estimaciones del BID, antes de la pandemia, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y un país de Suramérica costaba alrededor de US$ 2.000, ahora cuesta más de US$ 7.000. Lo peor del cuento es que también estamos importando más de 14 millones de toneladas de alimentos y materias primas por vía marítima. Claramente, alguien va a tener que pagar estos altos costos logísticos y sin duda alguna seremos los consumidores. Se nos viene una nueva alza en el costo de vida y un diciembre con los bolsillos apretaos.
Se preguntarán ustedes, ¿y qué hay que hacer para superar este problema? Durante estos tres años y medio he venido planteándole al Gobierno la necesidad de instituir un nuevo modelo de desarrollo productivo agropecuario con una visión empresarial y de administración de riesgos que conlleve a la innovación, al liderazgo rural y al buen manejo de los recursos naturales, para garantizar la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos y salir a competir en los mercados internacionales.
Desafortunadamente mis sugerencias no tuvieron eco en las personas que la vicepresidenta y el partido Conservador recomendaron a principio de gobierno para orientar la política agropecuaria del país. Regularmente, los tecnócratas no responden sino a ellos mismos, y creen que los problemas del campo se resuelven a través de pactos, leyes y documentos Conpes.
A Colombia le llegó el momento de pensar en grande. Nuestro sector agrícola exige del Ministerio de Minas y Energías una política de obtención de fertilizantes a partir del gas natural. Del Ministerio de Transporte, el compromiso de construir las vías terrestres y férreas que conecten a los grandes centros de producción agrícola (Altillanura, Orinoquia, región Caribe y Pacífico) con las ciudades capitales y puertos del país. Del Ministerio de Agricultura, la conformación de unas APP con los israelitas para construir, adecuar y operar los distritos de riego del país. Del Ministerio de Industria y Comercio una renegociación de la desgravación arancelaria y cupos de contingentes aprobados en los TLC. Y del Ministerio de Hacienda el compromiso de reducir la carga fiscal, las tasas de interés de los créditos y triplicar el presupuesto de inversión del agro. Aún estamos a tiempo.