Habitantes del corregimiento de Patillal, jurisdicción de Valledupar, presentaron un derecho de petición en el que le solicitaron al alcalde Mello Castro, que retire el puesto de control kankuamo que está ubicado a la salida del corregimiento La Mina, porque está violando su derecho a libertad de locomoción por las carreteras públicas que conectan al corregimiento de Patillal con La Mina y Villarrueda.
De acuerdo con la comunidad, desde hace un año la autoridad kankuama está vulnerando su derecho porque el portón que edificaron para bloquear la vía está en una carretera que pertenece al corregimiento de Patillal. En ese sentido, el oficio puntualizó que el puesto de control debe ser desmontado porque está fuera del resguardo kankuamo.
Los patillaleros aseveraron que aproximadamente un grupo de ocho indígenas de esa etnia están de manera permanente en el retén para controlar el tránsito de las personas por la carretera. Precisaron que los encargados del puesto de control colocaron unos conos metros antes del portón para impedir que los ciudadanos se acerquen sin autorización.
“La población de Patillal no puede ejercer su derecho a la libre movilidad porque la vía está bloqueada a pesar de que es pública. Ese hecho está previsto en la ley como un delito. Además de impedir el tránsito también exigen el pago de un peaje atribuyéndose funciones que solo el Estado puede tener”, señaló el oficio.
¿EL RETÉN COBRA EL INGRESO?
La denuncia sobre un presunto cobro para la entrada al corregimiento La Mina también la han colocado transportistas y particulares que circulan por la vía. Los denunciantes aseveraron que para poder ingresar al resguardo deben contar con un permiso especial diligenciado con anterioridad, el cual es tramitado mediante la oralidad con alguno de los miembros de la autoridad kankuama. En ese orden de ideas, el ciudadano que desee entrar al territorio debe decir su hora de llegada y el motivo de su visita. Los datos son evaluados y posteriormente el encargado le dirá si está autorizado para ingresar o no.
Según los transportistas, la guardia kankuama del retén tienen cuadernos en los que están anotados los nombres de las personas autorizadas para entrar al corregimiento. Agregaron que en los registros buscan el nombre y la cédula del ciudadano que solicita el paso, y si no aparece anotado no hay manera de ingresar por lo que, al parecer, piden dinero para dejarlo pasar.
PATILLALEROS EXIGEN RESPETO
Los pobladores le exigen al alcalde de Valledupar, Mello Castro, que haga “uso de la fuerza legítima del Estado en contra del bloqueo que es un tipo de violencia que está afectando al corregimiento de Patillal”. Agregaron que el territorio no tiene condiciones culturales ni ancestrales para ser parte de los resguardos, por lo que no deben ser sometidos a sus leyes, que en este caso están siendo impuestas de manera ilegal en territorio patillalero.
Sobre la legalidad del puesto de control, Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, aseveró que en una audiencia pública que realizó la etnia a principios de 2020 se estableció la conformación del retén para controlar el número de visitantes que llegaban al resguardo debido al alto porcentaje de contagiados con la covid-19. Precisó que el retén cuenta con todo el apoyo de la comunidad kankuama y con su autorización.
El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, ya ha sido informado de la situación del retén. En ese sentido, anteriormente comentó que en varias reuniones con Arias le ha manifestado la insatisfacción que tienen algunos sectores de la población con el puesto de control, por lo que esperaba que la autoridad indígena lo desmotara. Sin embargo, hasta la fecha el retén sigue en pie y a la comunidad le tocó utilizar la vía jurídica para solicitar el retiro de la estructura.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb