Se preveía que este año la economía crecería entre un 3.4% y 3.6%. Pero se atravesaron los confinamientos y la economía se desbarrancó. El Gobierno, en el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, asume que la economía caerá un 5.5%, el peor año desde que tengamos datos ciertos.
Como resultado se disparará el desempleo que, a mayo, había llegado al 21.4%, es decir, tenemos al menos 2.616.000 más desempleados que a fines del año pasado. Y habrá más pobreza: crecerá en 15%, 7.3 millones de pobres más.
El Gobierno supone también que el déficit fiscal estará en el orden del 8.2%, como resultado de un aumento del gasto público de emergencia, en torno al 4.1%, para atender las demandas de la pandemia y la disminución del recaudo tributario en cerca de 24 billones de pesos. A todo ello hay que sumar que la deuda bruta como porcentaje del PIB pasará del 50.6%, sin contar pasivo reconocidos, al 65.6%.
El panorama es sumamente complicado, aunque el Gobierno es más optimista. Lo cito textualmente: “Se espera que en 2021 el grueso de la economía retome sus actividades […] permitiendo un rebote de la actividad productiva hasta alcanzar niveles del PIB similares a los de 2019. Lo anterior implicaría un crecimiento económico de 6,6%”.
Así las cosas, la recuperación de la economía tiene que ser el eje de todo el esfuerzo estatal. No debe haber otra prioridad. Hay que recuperar la senda del crecimiento y de la generación de empleo. Por un lado, debe hacerse desde el reconocimiento de que el tejido empresarial ha quedado seriamente afectado por la cuarentena. Miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que constituían el 96% de las del país, quebraron o quedaron maltrechas. Hay que concentrarse en ofrecer condiciones que faciliten nuevos emprendimientos, y que permitan financiar las que sobrevivieron a muy bajas tasas de interés, reducir los costos de generación de empleo sin afectar el salario de los trabajadores, y disminuir la tasa de tributación efectiva, una de las más altas del mundo. Nada hay más eficaz para generar trabajo que fortalecer el emprendimiento y las mypimes que, hasta la crisis, generaban el 80% del empleo.
Por el otro, habría que poner en marcha una política de austeridad estatal, recortar los compromisos presupuestales del pacto de Santos con las Farc, y concentrar el gasto público en proyectos que permitan crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. El desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y de impulso estructural a la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por ejemplo, tendrían la triple condición de incentivar crecimiento sustentable, generar empleo y disminuir la pobreza de las poblaciones más vulnerables.
Y hay que evitar las tentaciones de aumentar la carga a quienes ya pagan impuestos. Sería el puntillazo mortal para la clase media y el sector privado.