A raíz del fallo de segunda instancia del Consejo de Estado que le ordena al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y la directora de la Corporación Autónoma del Cesar (Corpocesar), Adriana García, iniciar con “urgencia” la recuperación y descontaminación de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí, la Oficina Asesora Jurídica indicó que desde la decisión de primera instancia el municipio inició actividades para cumplir con lo ordenado.
“Mediante la Resolución No. 0022 del 26 de junio de 2021, el municipio de Valledupar autorizó la localización de un sitio para la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y, además, ha dispuesto de 8 lugares denominados sitios limpios, con el fin de que sean usados como depósito de esa clase de desechos y disminuya el uso de la margen derecha del río Guatapurí con esos fines”, respondió la administración.
LA DESCONTAMINACIÓN
Además de las acciones para lidiar con los desechos de escombros que contaminan el afluente, desde la Alcaldía aseguraron a EL PILÓN que la administración ha dispuesto la elaboración de una matriz de trabajo, conformando un cronograma de actividades asumido por todas las sectoriales implicadas en el cumplimiento del fallo, y de lo cual “existen informes de cumplimiento puestos en conocimiento del tribunal mediante memorial del 14 de mayo de 2024”.
Con la ratificación de la orden, que incluye elaborar un plan de descontaminación del río a mediano y largo plazo, la Secretaría de Desarrollo Económico estaría reorganizando un cronograma de actividades con las demás entidades implicadas en el fallo, para ‘desintoxicar’ el río.
Sin embargo, la Alcaldía subrayó que para lograr la descontaminación del río, “el municipio requiere de gestiones frente a otras entidades de orden nacional, ante las cuales hará las gestiones necesarias”, además, ya están en el proceso de identificación de los sitios críticos de disposición de RCD, solicitados también por la Procuraduría General de la Nación.
CAI
Con respecto a la gestión de un Centro de Atención Inmediata (CAI) en el sector afectado, Jurídica señaló que desde el fallo de primera instancia el municipio hizo la solicitud ante la Policía Nacional, pero recibió una negativa.
Por Redacción General.