Se comete un delito y casi siempre la decisión judicial es: “El delincuente no es un peligro para la sociedad”, se le concede innumerables beneficios, entre ellos, la restricción domiciliaria o casa por cárcel; es otorgada fácilmente ya que no existió flagrancia en la conducta punible, como se dice no fue sorprendido con las manos en la masa, aunque existan diversas pruebas, fílmicas, testimoniales…
Mientras tanto, el llamado que hacen las autoridades a los ciudadanos víctimas de delitos es que denuncien al delincuente; los afectados no lo hacen, ya que al denunciar, los delincuentes son los primeros en enterarse quién los denunció, llegando las represalias. Preguntamos: ¿Quién les informa a los maleantes, nombre, dirección, todos los por menores que el ciudadano denuncia? De allí, que el ciudadano se abstiene de instaurar denuncia; entre tanto esos delitos no se cuentan, el maleante en la calle y las estadísticas muestran datos ficticios, incluso se oye “Baja en este período la comisión de determinados delitos”. Algo totalmente absurdo.
A los pocos días, que días, horas, a los que le han concedido casa por cárcel salen a delinquir y continúa esta cadena de beneficios, de los cuales se ampara el delincuente para seguir haciendo de las suyas y nada pasa. La justicia no actúa, ni toma decisiones acertadas.
¿Será que a los administradores de justicia se les olvida que esta es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde? Justicia del latín iustitia, que a su vez viene de ius: derecho, que en su acepción propia significa lo justo; también, debemos entenderla como un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado; estos valores, entre los más destacados, señalamos el respeto y la equidad, que no se observan en la actualidad; mientras estos valores suben por las escaleras, los antivalores suben por el ascensor, siendo la justicia desconectada de la realidad.
La ley penal actual no prevé que una persona capturada por un delito quede privada de la libertad; ésta se le concede quedando vinculado a un proceso penal, que posteriormente, venciéndose los términos, ya que la Fiscalía, como ente acusador que le corresponde por ley, no actúa; mientras tanto ese malhechor sigue delinquiendo.
Para los criminales, en el proceso penal, la medida de aseguramiento, siendo procedente, no la considera el juez o es mal sustentada para concederse, causando escándalo en la sociedad. Se requiere, entonces, una verdadera reforma judicial que detenga esta cascada de delitos y se aplique justicia a los actuales. De lo contrario seguirán presentándose más conductas punibles, delincuentes y víctimas aumentarán, quedando en la impunidad.
Ciertos ciudadanos manifiestan que con demasiados beneficios, tecnicismos judiciales, no se conseguirá la justicia requerida y anhelada, y cuando se aplique será tardía; otros expresan que al ser la justicia tan benevolente y tolerante con los delincuentes con tanto beneficio o gabelas que se les brinda, le quedarán debiendo al delincuente.
En cierta oportunidad, viendo un noticiero nacional, hace cuatro años, un exministro de Justicia le expresaba vehementemente al reportero: “Es que el delincuente procesado tiene derechos”, a lo que replicó alguien inmediatamente: “¿Entonces tengo que ser víctima, perder mis derechos, para que estas lacras gocen de derechos?”.
Colombia pide a gritos una justicia razonable, que se ajuste a la realidad que vivimos. Finalizando, la justicia se ejerce autorizando, prohibiendo las diversas interacciones entre la sociedad de manera oportuna, antes que aparezca la injusticia. Así que actúa de manera racional, teniendo límites, brindando confianza y seguridad. Y para todos, seamos justos en las acciones y decisiones.