- En Aguachica, La Gloria, Pelaya y Tamalameque, líderes de tierras denunciaron que les han llegado panfletos amenazantes. Los reclamantes piden al gobierno garantizarles la seguridad.
En el sur del Cesar, las familias reclamantes de tierras tienen miedo. Aunque desde el año pasado han denunciado a las autoridades la presencia de 22 hombres armados, durante marzo de 2013 han recibido dos panfletos con amenazas que los tienen preocupados.
Y más cuando el pasado sábado 16, los escoltas de cuatro líderes -que estaban reunidos en Aguachica- estuvieron a punto de enfrentarse a tiros con un grupo de hombres armados, que se movilizaban en una camioneta, y quienes estuvieron a punto de atentar contra los reclamantes.
“Nadie se alcanza a imaginar elmiedo que hay en la región. Hay muchas familias que dicen que ya no aguantan más, que se quieren ir… Es ese miedo de tener que volver a desplazarse otra vez después de veinte años”, dijo un campesino quien pidió la reserva de nombre por razones de seguridad.
Aunque las amenazas comenzaron desde enero de 2012, cuando a un líder le llegó un sufragio a su casa. Y siguieron el 15 de febrero pasado, cuando a dos líderes que están solicitando restituciones en La Jagua y Becerril recibieron un panfleto.
La amenaza, que tiene una calavera con dos huesos cruzados y que dice ser firmada por la banda de Los Urabeños, tilda a los reclamantes de guerrilleros y les anuncia que van a atravesarse en la restitución: “le hacemos saber que no importa que están protegidos… les estaremos combatiendo con nuestro comando, no es una alerta, es una realidad porque con la Ley 1448 (N de la R: de Víctimas) quieren salirse con las suyas y todos estos líderes que tienen detrás de ellos también tendrán sorpresa(sic)”.
Luego de estas cartas amenazantes, el 6 de marzo los abogados de 200 familias del sur del Cesar denunciaron por desplazamiento forzado ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a Francisco Alberto Marulanda, hermano del ex ministro Carlos Alberto Marulanda, a quien varios paramilitares señalaron en audiencias de Justicia y Paz de haber propiciado el desplazamiento de 600 campesinos en el sur del Cesar en 1996.
Según las confesiones de Alfredo Ballena alias ‘Rancho’ y de Jovannis Manuel Lobo alias ‘Bachiller’ ‘Bachiller’, Marulanda coordinó la entrada a la región de los paramilitares a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ para que los campesinos no fueran titulados por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora. (Lea: Tierra prometida en La Bellacruz).
Estos campesinos han intentado desde finales de los ochenta que se les adjudiquen unas tierras baldías que al parecer fueron apropiadas de manera ilegal por la familia Marulanda.
Según relataron campesinos consultados por VerdadAbierta.com ha sido extraño que seis días después de haber presentado la demanda, en la que ellos firmaron con sus nombres, en la noche del 12 de marzo llegó un nuevo panfleto pero esta vez incluía a las 200 personas que presentaron la denuncia ante la Fiscalía.
“Llegaron en la noche y el panfleto fue repartido en los municipios de San Martín, Pelaya, La Gloria y en la vereda del Caño Alonso. La gente tiene mucho miedo porque lo hicieron casa por casa”, dijo un líder de la región.
La comunidad denunció estos hechos ante la Fiscalía de Cesar, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio Público, el Parlamento Europeo, organizaciones de internacionales, el Congreso y la Presidencia, recordando que la restitución en el sur del Cesar fue priorizada por el Gobierno de Juan Manuel Santos apenas entró en marcha la Ley de Víctimas el 1 de enero de 2012.
En sus escritos, le piden a las autoridades además la captura de alias ‘Panelo’, a quien la Fiscalía busca como el líder de esta banda que tiene azotada a varias comunidades del sur de Cesar. Este delincuente fue identificado por la Fiscalía como Rafael Emilio Martínez Guevara un desmovilizado del Frente Resistencia Motilona de las Auc y quien no se sometió a Justicia y Paz pese a ser postulado, pero que volvió a rearmarse con ‘Los Urabeños’.
VerdadAbierta.com conoció que la Defensoría propició tres encuentros con líderes de la zona para visibilizar el riesgo que están corriendo. De este espacio resultó la creación de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de la Tierra y el Buen Vivir, que reúne a los representantes de los diferentes municipios donde hubo despojo.
La Unidad de Protección informó que desde 2012 hace seguimiento a las amenazas contra líderes en Cesar y que cuatro de ellos que fueron amenazados cuentan con medidas de protección.
Frente a las alertas de posibles asesinatos y desplazamientos, la Unidad dijo que informó a la Fiscalía y a la Mesa Técnica de Amenazas de la Dicar de la Policía “para que se inicien las respectivas investigaciones y posterior judicialización de los responsables de dichas amenazas”, y que el riesgo que corren los líderes será nuevamente evaluado para tomar medidas urgentes.
Según datos de la Unidad de Tierras, a enero de 2013 las víctimas habían hecho 2.701 solicitudes de restitución por 167.704 hectáreas en el Cesar. En los municipios donde han circulado los panfletos, han sido en Becerril, La Jagua, San Martín, La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en donde se han pedido 37.570 hectáreas por restituir. Entre 1997 y agosto de 2010 según datos del antiguo Registro Único de Desplazamiento, de Cesar fueron desplazadas 41 mil personas.