La extraordinaria investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, de casi 12 millones de documentos, develando riqueza oculta, elusión fiscal y lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo, ha tenido tratamiento variable según país de origen de implicados latinoamericanos. La interpretación del asunto también.
En Chile y Ecuador, donde sus mandatarios aparecen relacionados en la investigación, la Fiscalía, en el primer caso, y el Congreso ecuatoriano en el segundo, nos sugiere trato diferencial del asunto, por lo menos con respecto a Colombia. En Chile, la Fiscalía abrió investigación de oficio contra el presidente Piñera. La decisión judicial chilena está sustentada en “antecedentes que podían revestir el carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios”. El pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador por mayoría abrumadora resolvió “se efectúe la investigación del caso Pandora Papers”. Los dos mandatarios encartados tienen en común ser empresarios.
La justicia argentina libra exhortos a Suiza y las Islas Vírgenes, adonde sospecha que un ex alto funcionarios del kirchnerismo, más exactamente su secretario de Transporte, ocultó recursos provenientes de sobornos pagados por Odebrecth -alrededor de USD 20 millones-, por la construcción del túnel bajo tierra para la traza del ferrocarril Sarmiento.
En Colombia, como es usual con actos de corrupción, se arropan con la misma cobija, a pesar del debate realizado por la oposición, todo insinúa un canto a la bandera. El fiscal no asistió a la citación. Los legisladores de oposición hicieron la tarea de denuncia, demostraron indelicadezas de funcionarios inmersos en esos Paraísos. Por su lado, partidos afectos al gobierno atragantados de mermelada se limitaron a un impúdico y deleznable papelón. No se podía esperar algo distinto. En la lista figuran conmilitones y personajes “prominentes” de la vida pública y privada del país: expresidentes Gaviria, Pastrana, vicepresidenta, ministra de Transporte y vaya paradoja, el director de La DIAN: “el ratón cuidando el queso”.
Paradójicamente estos presidentes y expresidentes, obviamente, en su calidad de mandatarios han propuesto y sancionado Reformas Tributarias regresivas, imperantes en el continente. Mientras ellos, o no pagan impuestos, o los pagan en otros países con menores tasas impositivas.
Los empresarios y políticos evasores generan ese dinero y esa riqueza en el país, y luego lo despachan, ocultan en paraísos fiscales. El 5 % de dineros consignados proviene de la corrupción, el 65 % se origina en la evasión y la elusión de ultra ricos y de las corporaciones multinaciones; el 30 % se produce en el crimen organizado: narcotráfico, terrorismo, trata de blancas, contrabando.
En general, el origen de la riqueza se origina al interior de la respectiva sociedad o país. La codicia empresarial, la corrupción de las elites empresariales son los principales motores. Esto destruye paulatinamente cualquier sociedad. Es un despropósito en países tan desiguales y pobres como el nuestro. El 27 % de la riqueza financiera de América Latina, equivalente a 22.000 millones de dólares, desviados a sociedades off shore, constituidas en ese entramado. El asunto compete a toda la estructura estatal. Es sistemático.
El Ministro de Hacienda hizo una presentación “divina”, como dirían las señoras, destacando la modernización de la estructura tributaria, el afinamiento de controles para evitar evasión y elusión fiscal, y ponerle coto a las modalidades de corrupción, recalcó esfuerzos y resultados obtenidos en el mejoramiento sustancial del recaudo, y por último exculpó a sus compañeros funcionarios comprometidos, sostuvo que han constituido o cumplido los trámites legales para conformar esas sociedades off shore. Bastante difícil de creer esa carreta con un gobierno que colocó “parceros” en los organismos de control.
Ni hablar del cinismo de los implicados. Existen evidencias contundentes de actos de corrupción de algunos, en el pasado.