Uno de cada diez ciudadanos denuncia los delitos de los que son víctimas porque no creen en la eficacia de la justicia y los que se atreven a denunciar son testigos de la inoperancia del sistema porque no pasa nada.
Lo mismo ocurre con las denuncias contra la corrupción, un fenómeno creciente en Colombia, que en el Cesar ha dejado importantes huellas de millonarias inversiones que nunca cumplieron el objeto del contrato (obras inconclusas), sino que beneficiaron los bolsillos de contratistas, gobernantes y políticos.
No es fácil que los ciudadanos denuncien delitos menores, ahora delitos mayores como la corrupción en grandes contratos en entidades públicas. Sin ser aguafiestas, el Proyecto de Ley que presentará (posiblemente vía fast track) el presidente Juan Manuel Santos para proteger a reportantes de corrupción, que serían cobijados con medidas de protección laboral, física y al buen nombre y la honra de quien sea víctima de acciones retaliatorias por denunciar actos de corrupción.
Este Proyecto incluye disposiciones para los canales de reporte y señala la estrategia para el pago de incentivos pecuniarios para los reportantes de actos relevantes de corrupción.
Es una medida anticorrupción, ¿pero es la que necesita el país? Qué le paguen al ciudadano para que denuncie casos de corrupción, exponiendo su integridad, cuando existen numerosas entidades que deben hacer ese trabajo: detectar los casos, investigarlos y castigar a los corruptos. Además ¿quién garantiza que aun pagando por la denuncia, la investigación sea efectiva y llegue al fondo del acto corrupto?
Es una medida que puede ayudar, pero mientras no hagan una reingeniería en los entes de control y fiscalización que hagan bien su trabajo, difícilmente habrá resultados y disminuirán los altos índices de corrupción. Existen numerosos casos de denuncias de veedurías ciudadanas, en el caso del Cesar, que duermen el sueño de los justos en la Procuraduría Regional, en la gerencia Cesar de la Contraloría General de la República, en la Fiscalía Seccional, y nada pasa. Las denuncias reposan en miles de folios y ‘esa platica’ (como dicen popularmente) se perdió.
El Proyecto de Ley contempla medidas para garantizar anonimato y confidencialidad y detalla los diferentes canales por medio de los cuales una persona natural o jurídica podría hacer un reporte de un hecho de corrupción: físicos, telefónicos, virtuales y establece disposiciones para garantizar el anonimato de la identidad del reportante y la confidencialidad del reporte. Eso ya se hace, pero todo sigue igual.
Como todos los colombianos, en EL PILÓN también esperamos que disminuya la corrupción para que mejore la calidad de vida de los colombianos, porque al dejar de robarse los dineros públicos, llegarán a quien en realidad le pertenece: la comunidad.