Debo confesar a mis lectores que escribí esta columna con mucha indignación, repudio, rabia, decepción e impotencia, de ver como juegan no solo con la vida y la salud de nuestros niños y niñas, sino también como utilizan su inocencia para fraguar actos abominables de corrupción, simplemente por demostrar riqueza o aumentar la avaricia. Estos sentimientos son de la mayoría de colombianos de bien, que rechazamos a quienes cometen estas violaciones macabras sin arrepentimiento alguno.
En el año 2011 se puso en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Hoy por hoy son aproximadamente 5,8 millones de niños los beneficiados con este programa, estos infantes son de los estratos más bajos de nuestro país, que muchos de ellos viven en pobreza extrema y el único alimento que consumen en el día, es el suministrado por el PAE.
Desde bolsas de leche con larvas por fuera, panes mordidos por ratones, frutas y verduras descompuestas, carnes en mal estado, productos empacados vencidos y trasportados en carretilla o en vehículos sin ninguna clase de higiene, y además de ello, se lo tienen que comer con las manos porque no les alcanza a los operadores del programa, para suministrar una cuchara o cubierto, sin mencionar, las migajas de raciones que son servidas y están por debajo de lo estipulado en cada uno de los contratos del programa, muchos de los lugares donde se preparan estos alimentos no cumplen con las normas sanitarias. Debo recordar las escenas miserables que vimos en el municipio de Aguachica, cuando era necesario tomarle fotos a la comida servida para poder mentir, pero solo quedaba en la fotografía, porque en el plato nada de nada. Claro está que estas irregularidades del programa PAE, se ve en todo el territorio nacional.
En lujosas mansiones, fincas, carros de alta gama y gigantescos predios terminan los recursos que deben ser destinados a la alimentación escolar de los niños, niñas y adolescentes, y caen en las manos de aquellos que presumen ser altos empresarios. Con corte a enero de este año, la Contraloría General de la República tiene abiertos 144 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 42.046 millones de pesos relacionados con distintas irregularidades en el PAE. De los procesos, 123 ya están en etapa de investigación formal, relacionados con recursos de la Nación asignados al programa en 26 departamentos. Los otros 21 procesos estaban en etapa de indagación preliminar en 11 departamentos, sin poder señalar, las investigaciones disciplinarias y penales del caso. La vergüenza, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está dentro de las entidades investigadas fiscalmente, por este tipo de irregularidades… Ojalá la justicia tarde, pero que llegue.
Si los gobernadores y alcaldes actuaran como actuó el alcalde de la ciudad de Neiva, en donde hizo seguimiento al programa de su ciudad, y encontró y mostró al país entero las patrañas que utilizan los operadores del PAE para robarse la plata de la alimentación de nuestros niños, estoy seguro que se disminuiría el riesgo de corrupción del programa, pero lo que vemos es que muchos de ellos son cómplices de este atroz delito y son los protagonistas de mi título: “Huele mal, sabe mal, pero se hacen ricos”.
Emiliano Piedrahita Porras