Es tan serio el problema de corrupción que existe alrededor de los millonarios recursos que destinan para la primera infancia y jóvenes, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ideó un Pacto por la Transparencia y Legalidad que desde el pasado mes de abril viene firmando a lo largo y ancho del país.
Van más de siete de las 33 regionales que tiene el Instituto, donde se ha firmado el Pacto por la transparencia y la legalidad. “Todos por las niñas y los niños”, el cual no tiene otra motivación que alcaldes, gobernadores, líderes comunales, operadores, proveedores, medios de comunicación y supervisores entre otros, se comprometan a garantizar que los recursos de las niñas y los niños se inviertan adecuadamente y que desde su quehacer diario generen procesos de mayor calidad para que las niñas y los niños tengan mejores condiciones de vida desde su educación inicial.
Lo que pasó con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que anteriormente manejaba el ICBF, es una de las mejores lecciones que ha tenido el país, especialmente las regiones como el Cesar, para que se rodee y se blinde la inversión de estos recursos que deben llevar calidad de vida a los menores.
Por eso es bien recibida esta iniciativa que invita a la legalidad y transparencia no solo de los operadores o los funcionarios públicos, sino de los maestros, de los padres de familia y medios de comunicación.
Los compromisos que se adquieren con este Pacto firmado ayer en Valledupar con las autoridades, entidades y firmas ejecutoras de contratos no deben quedar en letra muerta, así como este se han firmado muchos pactos contra la corrupción y todos, hasta ahora, han sido un saludo a la bandera que no ayuda a disminuir las lamentables estadísticas de corrupción.
El ICBF atiende en el país a más de un millón 800 mil menores, con una inversión de 3,6 billones de pesos, mucho dinero que no debe diluirse en las manos de los corruptos, por eso es clave el otro componente de este pacto, como son las veedurías ciudadanas, que deben ayudar a brindar información oportuna, clara y confiable, para la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. ¿Será que con este Pacto se abstendrán los políticos amangualados con los contratistas de robarse la plata que debe llegar a los niños?