En esta ocasión los habitantes de dos veredas del corregimiento de Azúcar Buena apelaron a este mecanismo para exigir medidas definitivas que permitan a los menores de esta zona acceder a una educación digna y que no se vulneren sus derechos.
Una vez considerado que se vulnera el derecho al agua, el cual figura como fundamental en la Constitución Política, y tras la explicación de otras consideraciones y el examen del caso concreto, el Juzgado Tercero Civil Municipal en Oralidad de Valledupar resolvió dos medidas como respuesta a una acción de tutela interpuesta contra la Alcaldía de Valledupar por parte de la comunidad de dos veredas del corregimiento de Azúcar Buena.
La primera ordena conceder la protección de los derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital de agua potable a los estudiantes y cuerpo docente de las escuelas La Comunal y El Mamón. Además, ordenó al Alcalde del municipio, que lleve a cabo el suministro provisional de agua potable a las escuelas hasta cuando se realicen las adecuaciones de infraestructura para dotar del líquido a los planteles mencionados.
Ante este fallo, el asesor jurídico de la Alcaldía de Valledupar, Miguel Ángel Rocha Cuello, indicó que la orden será impugnada. “No obstante reitero la posición de la administración respecto a las órdenes judiciales, cumplirlas siempre. Y cumplirlas a tiempo”, manifestó Rocha.
La acción de tutela fue la vía que vio esta comunidad para reclamar tras varios años de abandono con las instituciones educativas de las nueve veredas que componen este corregimiento.
“Es triste ver ese drama. Ver a una niña de 13 o 14 años hacer sus necesidades en un monte, eso parte el alma”, expresó Evelio López, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella.
En el recurso, interpuesto en el mes de diciembre, se explica que mucho tiempo atrás se ha solicitado al municipio de manera verbal y escrita la acometida de agua potable para las dos escuelas, además se indica que de acuerdo con las verificaciones realizadas por el equipo de trabajo del movimiento social comunitario, Asociación de Líderes del Cesar, se obtuvo un diagnóstico en la problemática de acceso al agua potable que tienen la comunidad educativa y sus estudiantes.
Por último, recuerdan la obligación que tiene el municipio para realizar las acometidas a fin de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio.
En su momento la Alcaldía dio respuesta argumentando que la legalización de los predios ocupados por las instituciones debía definirse para poder hacer inversiones oficiales, para lo cual la Junta de Acción Comunal hizo el compromiso de entregar copia de las escrituras y los planos de los predios con el fin de que el municipio adelantara la legalización, pero no se cumplió.
Según expresó Álvaro Tavera, miembro de la Asociación de Líderes del Cesar, son alrededor de 75 niños entre las dos escuelas perjudicados por estas circunstancias.
De igual forma se refirió a que en estas veredas los padecimientos no solo son por el agua, sino que también se presentan falencias con la infraestructura de los planteles, debido a que solo hay un aula para todos y un solo docente, además no cuentan con luz ni acceso a internet a pesar de que se han dispuesto de varios computadores que hasta el momento no se han logrado utilizar.
“Ahí vamos, nos toca seguir luchando. El hecho es concreto, nuestro interés no es entutelar al Alcalde, es que los niños tengan una educación digna esté quien esté de alcalde”, agregó Tavera.
Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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