La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad de los policías Wadith Miguel Velásquez García y Yeferson Fabían Tocarruncho Parra, quienes fueron los investigadores que destaparon la ‘Ñeñepolítica’ y quienes enfrentan una investigación por presuntas interceptaciones ilegales a uniformados y civiles.
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La determinación correspondió a una acción de tutela que instauró el abogado defensor Miguel Ángel del Río, alegando unos problemas jurídicos sobre la imposición de la medida de aseguramiento de los funcionarios judiciales.
Por eso, el tribunal resolvió dejar sin efectos las decisiones adoptadas el 10 de junio y 13 de noviembre de 2020 emitidas por el Juzgado 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento transitorio de Bogotá, por cuyo medio se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.
Finalmente, también ordenó al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales que reparta entre los jueces penales municipales de control de garantías de la ciudad la solicitud de imposición de medida en un lapso de 12 días.
El mayor Jefferson Tocarruncho y el patrullero Wadith Velásquez en el mes de junio fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal tras ser señalados de interceptar los teléfonos de sus compañeros.
Asimismo, enfrentan otra investigación por presuntamente hacer interceptaciones ilegales en el proceso que adelanta la Fiscalía 21 especializada por el homicidio de Eduardo Rodríguez Pomar.
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Según la Fiscalía, ellos en el momento no tenían nada que ver con el homicidio y aun así, el mayor Tocarruncho le ordenó a Velásquez que interceptara y controlara las comunicaciones privadas.
Los procesos precisamente salieron a la luz de la opinión pública en el marco del escándalo de la ‘Ñeñepolítica’ por los audios que en su momento los recogieron los investigadores cuando laboraban en la Dijín.
Esta surgió por las indagaciones sobre la supuesta compra de votos que hubo para la campaña presidencial del 2018 del actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, con el cuestionado ganadero José Guillermo Hernández, conocido como el ‘Ñeñe Hernández’, quien vivió y tuvo propiedades en Valledupar.
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Hernández en el mes de mayo de 2019 fue asesinado en Brasil en medio de un hurto cuando salía de una feria bovina. Su cuerpo fue sepultado en un cementerio de la capital del Cesar.
Tras su muerte, salió a relucir que el ‘Ñeñe’ Hernández tenía presuntamente vínculos con el señalado capo guajiro, Marcos Figueroa García, alias ‘Marquitos’, y otras de sus actividades fueron cuestionadas. Es así que fue objeto de extinción de dominio de algunos bienes por parte de la Fiscalía.