Los cuestionados procesos en los que participó, al parecer, de forma irregular tienen prófugo de la justicia al juez (r) segundo promiscuo municipal de Maicao, Vladimir Ernesto Daza Hernández, quien tiene en su contra un orden de captura para que cumpla con una medida de aseguramiento con detención carcelaria que recientemente le fue impuesta por un homónimo de control de garantías.
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Daza Hernández es requerido para que responda por un proceso en el que fue imputado por los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción agravado.
Según la Fiscalía, el funcionario judicial se atribuyó labores que no le correspondían para favorecer con sus fallos a terceros y a pesar de que conocía una orden de captura en su contra, presuntamente, continuó desde la clandestinidad ejerciendo su cargo.
Su actuar aparentemente abarcó decisiones judiciales de los departamentos del Cesar y La Guajira, además de ciudades como Medellín, Bogotá y San Andrés islas.
Esta última sucedió en el mes de enero de 2020 cuando sustituyó una medida de aseguramiento para dejar en libertad a cuatro personas cuyo proceso se encontraba en San Andrés. La audiencia la habría hecho sin la presencia de la Fiscalía.
“En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad”, dijo la Fiscalía.
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Asimismo en diciembre de 2019 dejó sin efectos las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Superior de La Guajira que impedían la posesión del alcalde electo de Manaure.
“El último de sus fallos que es investigado ocurrió en febrero de 2020, cuando revocó la medida de aseguramiento intramuros para tres personas judicializadas por porte ilegal de armas en Uribia, La Guajira. Su decisión se materializó dos días después de las audiencias concentradas a pesar de que la defensa apeló dicha decisión y no se contaba con la presencia de la Fiscalía”, acotó el ente investigador.
ANTECEDENTE
En el 2018 el juez Vladimir Ernesto Daza fue vinculado a una investigación por presuntamente actuar de forma ilegal para dejar en libertad al exsecretario de tránsito de Valledupar, Óscar Tom Socarrás, señalado de orquestar un entramado de corrupción para apoderarse de los recursos económicos destinados por el gobierno para renovar el parte automotor.
La libertad se la otorgó a finales del año 2017, pero la Fiscalía recusó al juez por incompetencia, logrando meses después que el exsecretario volviera a prisión.
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Sin embargo, en el mes de octubre de 2018 Óscar Tom Socarrás nuevamente alcanzó la libertad por una revocatoria de medida proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar, en segunda instancia.
Para el organismo acusador es claro que Daza Hernández asumió competencias que no eran de su cargo y llegó en algunos casos a cumplir funciones de sus superiores.
“El juez también en mayo de 2020 fue vinculado a una investigación por asesoramiento indebido, al parecer por entregar información privilegiada y reservada de procesos que conocía su despacho”, puntualizó la Fiscalía.