El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar ordenó la captura del abogado Mario Alberto Alarcón Pabón y el topógrafo Calin Acosta Cabarcas, condenados por gestionar de manera irregular pensiones a ciudadanos del departamento del Cesar que fingían, en su mayoría, tener enfermedades psiquiátricas, y que ha sido denominado popularmente el ‘Cartel de los Locos’.
La decisión fue proferida en un fallo de segunda instancia en la que el órgano judicial decidió revocar a los dos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una figura que permite a los infractores suspender por un determinado periodo de tiempo la sanción privativa de la libertad.
El beneficio lo había otorgado el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de Conocimiento cuando condenó a los dos a 46 meses y 22 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
La baja dosificación punitiva se debió a que Mario Alarcón y Calin Acosta se allanaron a los cargos anticipadamente en las audiencias preliminares, haciéndose acreedores de una rebaja en la sentencia. Sin embargo, durante esa audiencia celebrada en el mes de noviembre del año anterior, el procurador 177 penal judicial interpuso el recurso de apelación por dicho beneficio a los procesados por considerar que por ley no eran acreedores del mismo, argumentos que fueron ahora avalados por el tribunal.
LA INVESTIGACIÓN
Según la Fiscalía, Mario Alarcón y Calin Acosta participaron en un millonario detrimento patrimonial al sistema pensional por negociar pensiones de terceros con la justicia y los entonces miembros de la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, JRC, quienes son procesados por los mismos hechos.
Todo quedó al descubierto en el 2016 cuando informaron a la Fiscalía que en la JRC se elaboraban a cambio de dinero dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios para que cientos de trabajadores resultaran pensionados.
Los favorecidos, en su mayoría, eran trabajadores de las compañías mineras del Cerrejón, Drummond y Prodeco, diagnosticados comúnmente con ‘falsas’ enfermedades de naturaleza psiquiátrica.
Esto ocasionó una operación encubierta en la que interceptaron los celulares de los integrantes de la junta, así como también de un grupo de abogados, médicos especialistas en siquiatría, en cardiología, otorrinolaringología, fisiatras, psicólogos y tramitadores.
“Es así como se pudo establecer la participación de estos ciudadanos en el proceso de valoración médica de una serie de patologías cuya base fáctica muestra una baja y en algunos casos insuficiente concordancia con las condiciones clínicas que fueron objeto de consideración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y a partir de allí se obtuvo el reconocimiento de pensiones de invalidez, se tramitó el reconocimiento de la afectación de pólizas de seguros de vida; así como la satisfacción de obligaciones crediticias adquiridas de manera dolosa por quienes acudían a los servicios de las personas que habían conformado una organización que a partir de actos de corrupción conculcó bienes jurídicos como la seguridad pública, la administración pública así como la recta y eficaz administración de justicia”, reza el fallo.