En consideración a su contenido, repetimos hoy el Editorial publicado el sábado pasado.
Es muy positivo, sin lugar a dudas, el balance de la presente legislatura, para el gobierno de Juan Manuel Santos. En Bogotá se considera que el primer año es el de la luna de miel entre el gobierno de turno y el Congreso de la República, pero que después es cuando vienen los inconvenientes.
Las reformas constitucionales y las leyes que el Congreso le aprobó a la administración de Santos Calderón, constituyen un arsenal para desarrollar una gestión de “buen gobierno”, que tanto pregonó el actual Presidente, desde la creación de una Fundación con el mismo nombre, y que ahora tiene la oportunidad histórica de llevar a la práctica los principios y métodos que entonces defendía.
La ley de víctimas, la de restitución de tierras, el cambio en el sistema de regalías (reforma constitucional), la ley de primer empleo, la ley de regla fiscal, entre muchas otras, significan un éxito político para Santos y su equipo de gobierno.
La gran mayoría de estas normas se hicieron de manera muy ajustada a lo que quería la administración Santos, lo que significa que funcionó la Unidad Nacional, y ratifica la buena experiencia de Santos en el manejo del Congreso, si recordamos que fue Ministro de Comercio, Ministro de Hacienda y Ministro de Defensa, y desde esos cargos, en cada momento, logró el apoyo del Congreso para la respectiva gestión.
Pero el éxito no es sólo del Presidente, ni más faltaba. Hay que reconocer el buen manejo que le dieron a las relaciones con el Congreso de la República, su Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, que demostró que conoce el Congreso y que sabe como se mueve esta corporación, como también de veteranos en estas lides como el Ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, Carlos Rodado Noriega, y en menor medida el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry Garzón.
En este balance también hay que reconocer el aporte de los directores de los partidos que hacen parte de la Unidad Nacional: el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, la U y el Partido Liberal, y el buen manejo de los debates de los Presidentes del Senado, Armando Benedetti y de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, respectivamente.
No obstante todo lo anterior, es necesario advertir que la aprobación de este conjunto de leyes, y las reformas constitucionales, según el caso, no significa la solución automática de los problemas y las situaciones sobre las cuales se legisla.
Hace parte de la idiosincrasia de los colombianos creer que con leyes se resuelven los problemas, cuando muchas veces estos se deben a la falta de voluntad política, la falta de autoridad y organización, y a la falta de recursos económicos, en otros casos.
Ahora, el reto del Presidente Santos Calderón y su equipo de gobierno, es llevar a la práctica la nueva legislación, reglamentar correctamente los cambios y plasmarlos en actos de gobierno que ayuden a resolver tantos problemas que aquejan a los colombianos.
En el caso del Cesar y la Guajira, ratificamos nuestro rechazo al nuevo sistema de regalías, elevado ahora a rango constitucional, que constituye un zarpazo a las regiones productoras de petróleo y carbón, en nuestro caso, que tendrán ahora un margen fiscal estrecho y ninguna compensación por el daño ambiental que deja la explotación de este mineral y muchas externalidades de carácter social, entre otras, que tendremos ahora que sufrir de manera solitaria y sin ningún apoyo del gobierno nacional. Todavía nos queda la posibilidad de demandar este Acto Legislativo, ante la corte respectiva, la Constitucional, con el fin de revertir una decisión del Gobierno y del Congreso a todas luces perjudicial para el futuro económico y social de nuestro departamento.