Las personas decentes integrantes del Congreso Nacional y de las cúspides judiciales, tales como las altas cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y otras instituciones también competentes, no deben desperdiciar el escándalo desencadenado por el encarcelamiento de Luis Gustavo Moreno Rivera, cuando era el fiscal jefe anticorrupción, designado por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, teniendo en cuenta la brillante hoja de vida del susodicho director anticorrupción, quien pasó por el polígrafo sin contratiempos, además venía recomendado por prestigiosos catedráticos de la jurisprudencia y por exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes apoyaron la elección de Néstor Fiesta como Fiscal General de la Nación.
Si estas personas correctas desaprovechan esta gran oportunidad es convertirse en culpables de que en nuestro país persista el cinismo con el cual los funcionarios y políticos inmorales favorecen la comisión de impunidades monstruosas, que sin duda alguna han sido unos de los factores principales que permiten la vulneración hasta de los derechos humanos fundamentales. Pero si estas personas justas siguieran actuando con imparcialidad y valentía, creo que sería ponerle fin al cataclismo que ha llegado al actual nivel de degradación de los valores y principios morales, por cuya carencia los colombianos hemos padecido demasiado.
La pérdida de los valores y principios morales es tan antigua como la humanidad, que en toda su trayectoria la realidad es que la gente buena ha luchado arduamente por recuperarlos; sin embargo, el interés monetario a menudo lo ha impedido, porque aunque me da grima decirlo, reconozco que quienes logran obtener suficiente dinero pueden satisfacer fácilmente sus necesidades, tanto básicas como suntuosas.
Lamentablemente, la humanidad ha colocado la riqueza por encima de las demás condiciones que generan bienestar. Esto es irrefutable en nuestro país, donde solo los ricos tienen pleno acceso a la atención de la salud, en cambio los pobres para que les presten este servicio catalogado como derecho fundamental por la legislación vigente, con altísima frecuencia les toca interponer acción de tutela.
Volviendo al tema de la corrupción que tiene en ascuas los ventiladores del exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus y el exfiscal director anticorrupción, este último delatado como extorsionador por el cobro de altas sumas de dinero al exgobernador de marras, implicado en el cartel de la hemofilia que huyó a Estados Unidos para evadir la justicia por la defraudación del sistema de salud con tratamientos a pacientes que supuestamente padecían de hemofilia.
En Colombia es de conocimiento público que hay muchos delincuentes de cuello blanco que tienen mucho dinero y pagan para cometer impunidades, también compran falsos testigos para encarcelar a inocentes, que son condenados por jueces también comprados, quienes después de retirarse de sus cargos quedan vinculados al hoy denominado cartel de la toga.
Por José Romero Churio