Para quienes son partidarios de las sanciones retributivas, al mejor estilo del “Ojo por ojo, y diente por diente”, de la castración química para violadores de niños, y de la cadena perpetua, como forma de disuadir al victimario, sobre la ilegalidad del hecho, y las severas sanciones que le esperan en caso de cometerlo; les comento que la Corte Suprema de los Estados Unidos, profirió fallo declarando la inconstitucionalidad de la pena de muerte, por considerar que su aplicación se hace de manera arbitraria y con sesgos raciales. Esto último, es más que evidente, pues el problema racial en la nación del tío Sam, sigue sin resolverse, al punto que muchos califican al presidente Trump de racista, y de haber capitalizado para su elección el sector más radical en este tema.
A pesar de este fallo, bien se sabe que la pena de muerte en ese país, es permitida en 31 Estados, y solo 19 han optado por abolirla, esto es más de la mitad, lo que significa un gran avance en esta materia, al menos para quienes estamos en pro de los derechos humanos. Aquí me detengo para aclarar que los diferentes Tratados Públicos, que versan sobre los derechos connaturales al ser humano, tradicionalmente no han contado con el apoyo de los EE. UU, pues se ha reservado ese derecho, para evitar “incómodas injerencias” en la forma de administrar justicia. Es por ello, que, insisto, el pronunciamiento de la Corte de los Estados Unidos es de gran trascendencia, y parte en dos la historia legislativa de ese país.
Recientemente el señor G. Newson, quien regenta la Gobernación del Estado de California, expresó su total desacuerdo con la pena de muerte en los siguientes términos: “La pena de muerte es inconsistente con nuestros valores fundamentales y afecta el corazón de lo que significa ser un californiano (…) matar a otros intencionalmente es incorrecto, y como gobernador, no permitiré que nadie sea ejecutado”.
Nuestra Carta Magna, consagra que: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Y en el artículo siguiente expresa: “nadie será sometido a desaparición forzada, a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”. Son varios los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia que reiteran esa voluntad, como: la Convención Americana de los DD. HH, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que cambiar de dirección es, en mi opinión, un paso en la dirección equivocada, pues se encuentra probado hasta la saciedad que estas sanciones crueles no tienen el poder disuasivo que tozudamente se les atribuye. Tendríamos mejores resultados si fortalecemos nuestras instituciones carcelarias, actualmente convertidas en verdaderos antros, y nos preocupáramos un poco más por la resocialización del individuo, y del tema Familia, en lugar de acabar con la vida de un semejante.