Por estos días está que arde el debate por el deseo del gobierno de aumentar los recursos que se transfieren a las regiones por concepto de participaciones. Actualmente les llega el 26 % del monto total y el objetivo es aumentarlo al 39.5 %. El Congreso, songo sorongo -y como en otros muchos casos-, ha ido aprobando el tema poniendo en riesgo las finanzas públicas. Estamos de acuerdo con la descentralización que impulsó de manera muy importante la constitución del 91, compartimos que las regiones decidan en qué invierten estos recursos, pero no se puede dejar de lado que los gastos del Estado nacional son cuantiosos -más en este gobierno-, y no deben quedar desfinanciados.
Resulta interesante que el gobierno actual, que ha generado endeudamiento enorme del Estado a futuro, comprometiéndolo con mayores obligaciones y generando miles de nuevos empleos públicos -innegables hechos de corrupción- sea el que proponga dejarles menos recursos a las necesidades del orden nacional. Aquí lo que hay es más de la porquería de Petro y su combo, que quieren, a costa de la platica de todos, echarse al bolsillo a los gamonales de pueblo, los de departamento, para “comprar” sus apoyos y mantener al pacto histórico en el poder. Es pura politiquería la que realmente jalona estas decisiones, no el bienestar de las gentes de las regiones.
Colombia es un estado centralista, la constitución no ha declarado el federalismo en nuestro territorio. Y ese modelo hay que defenderlo por medio de leyes y actos legislativos. Si bien las regiones tienen que atenderse, eso lo apoyamos y compartimos, el cerebro en términos de ejecución debe seguir estando en la capital. Eso no le gusta a quienes viven de la corrupción regional, ¿pero díganme si no son famosos los casos de corrupción política y electoral en la provincia? Ahora Petro quiere pagar favores a los delincuentes que ayudaron a elegirlo y dejar organizado el plan para, gracias a ese tipo de alianzas, mantener al progresismo en el poder.
Recordemos el caso concreto de Nicolás Petro, hijo del presidente -no criado por él-. Los delitos cometidos presuntamente por este señor se dieron con políticos y delincuentes de la costa norte, más exactamente del departamento del Atlántico -donde Petro ganó en las elecciones presidenciales-. Allí recibió miles de millones de pesos espurios, eso ya se está comprobando gracias a Day Vásquez -exesposa de Nicolás- y quien le ha contado a la fiscalía general acerca de los múltiples entuertos de su ex. Tienen rabo de paja y el presidente pasó de afirmar que él no crio a Nicolás, a visitarlo en la cárcel en Barranquilla para “rogarle” que no hablara porque de hacerlo, el gobierno sería incapaz de enfrentar el escándalo. Ahora la amenaza que enfrentamos los ciudadanos de bien, es a una fiscal de bolsillo, que parece no estar interesada en temas diferentes a la cortina de humo denominada “Pegasus”. ¿Se acuerdan del caso del hacker durante la campaña presidencial que terminó en la reelección de Santos? Esta recién posesionada fiscal está encubriendo los delitos cometidos por miembros del pacto y de la familia presidencial y está dedicando su tiempo y esfuerzos a perseguir a la oposición. ¡Qué belleza!
Mientras tanto, no cabe la menor duda de que Cali y el Valle del Cauca se lucieron con la organización de la COP 16. El Pacífico colombiano ha brillado y las zonas azul y verde han sido todo un éxito. De todas maneras, es lamentable ver tantas sillas vacías en las charlas y, más todavía, los pocos jefes de Estado que asistieron -por primera vez se oyó hablar de países de cuya existencia no estábamos enterados-. Estoy seguro de que el gobierno Petro no resultó ser el mejor gancho para atraer mandatarios y se dio un mensaje contundente de la comunidad internacional por temas relacionados con la corrupción, la poca gestión y la pésima imagen de quienes nos gobiernan. No nos dejemos engañar con esto, “al pan, pan y a al vino, vino”: ¡la COP 16 pagó los platos rotos del gobierno Petro!
¡Bien por Cali y el Valle del Cauca!
Por: Jorge Eduardo Ávila.