El problema se presenta todos los años para las mismas fechas, principalmente durante el segundo semestre del año que es cuando más llueve en todo el país. Es el drama de las consecuencias trágicas del invierno intenso.
Y aunque año tras año se presentan las mismas dificultades, pareciera que no se aprendiera de las tragedias vividas: inundaciones, cultivos arrasados, ganados y cientos de otros animales perdidos, miles de familias afectadas y una atención improvisada por parte del Estado, en su conjunto.
En efecto, ante un año con un régimen de lluvias muy superior al promedio, las cifras son dramáticas. El total de damnificados en todo el país asciende a más de ochocientas cincuenta y cuatro mil personas, aproximadamente; más de ochenta muertos, decenas de heridos y desaparecidos, según las cifras del propio Ministerio del Interior y de Justicia.
Y aunque el Sistema Nacional de Emergencias fue declarado en alerta máxima, las cosas no funcionan en la práctica como se espera en la teoría. Por el contrario, falta mucha coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales, para hacerle frente a una situación que ya se preveía de antemano.
Algunos alcaldes municipales son acuciosos y con anticipación hacen bien la tarea, reservan un presupuesto para la emergencia, hacen las inversiones urgentes en materia de infraestructura para mitigar las crecientes de los ríos y caños, y activan los comités locales de emergencia de manera coordinada y oportuna. Esos son la minoría, la gran mayoría dejan las cosas para última hora.
Las zonas más afectadas están ubicadas en la región andina, principalmente en Antioquia, la zona cafetera, Cundinamarca y los santanderes; al igual que las riberas de los ríos Magdalena y Cauca, fundamentalmente. En Antioquia se registró una penosa tragedia que afectó a decenas de familias que aún no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Pero igual ha llovido con intensidad en la Región Pacífica y en la Región Caribe, principalmente en Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar. En total la emergencia invernal ha afectado a 433 municipios en 28 de los 32 departamentos del país.
En nuestro departamento se estima que el número de afectados puede superar las seis mil personas, principalmente ubicadas en los municipios ribereños: La Gloria, Tamalameque, Gamarra y Curumaní fundamentalmente. No obstante, las cifras del gobierno nacional hablan de más de treinta y siete mil damnificados en el Cesar.
Y aunque el invierno apenas está entrando en su fase más intensa, ya se han invertido, por parte del gobierno departamental, más de tres mil millones de pesos en la atención de la emergencia.
Por todo lo anterior, es evidente que se requiere una mayor planeación y coordinación frente al tema, principalmente por parte del Gobierno Nacional, con el fin de articular ese Sistema Nacional de Emergencias, hacer unas inversiones en la prevención del problema y comprometer a los alcaldes en los trabajos necesarios en materia de infraestructura para mitigar los efectos del aumento en el régimen de lluvias. Colombia no puede vivir todos los años el triste espectáculo de desbordamientos, deslizamientos e inundaciones, por un fenómeno que ya es previsible y con una adecuada política de prevención y adecuación se puede afrontar de mejor manera para reducir las pérdidas económicas y el número de familias afectadas. Es cuestión de previsión y prevención.