La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, recibió tres denuncias por parte de diferentes ONG (Organizaciones no Gubernamentales) contra las empresas socias y que operan en la mina Cerrejón por haber atentado presuntamente contra los derechos humanos de las poblaciones indígenas del departamento de La Guajira y violar los lineamientos que establece la OCDE.
Las empresas que fueron denunciadas son Electricity Supply Board, ESB, compañía irlandesa que compra carbón del Cerrejón; y Coal Marketing Company, CMC del Cerrejón, con sede en Dublín, Irlanda. Paralelamente presentaron una tercera denuncia en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore.
Las ONG que presentaron las tres denuncias son la Organización Irlandesa Global Legal Action Network, la Agencia Internacional de Desarrollo Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y las Organizaciones Nacionales CINEP/PPP y CAJAR.
“En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos. Más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales. Se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería, único río del departamento, y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”, manifestó Jenny Ortiz de la ONG Cinep.
Con respecto a estas acusaciones, el Cerrejón por medio de un comunicado de prensa aseguró que las ONG no se dirigieron a la compañía antes de presentar sus denuncias a la OCDE porque desconocen todos los detalles de sus inquietudes. Por lo que una vez tengan claridad sobre ellos responderán en detalle.
“Cerrejón se compromete a operar con apego a la legislación y fallos judiciales colombianos, así como a los lineamientos internacionales pertinentes que rigen los derechos humanos y ambientales”, se lee en el comunicado.
También mencionaron que en efecto tienen una gran cantidad de compromisos establecidos y acordados con las propias comunidades para abordar los problemas que se han presentado y responder a sus preocupaciones.