La sociedad colombiana tiene que digerir bien la trascendencia que tiene el inicio de los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC. Hay que tratar de comprender los antecedentes y la perspectiva histórica de cada una de las partes, la gravedad y la complejidad de un conflicto que lleva más de cincuenta años.
En ese sentido, tiene razón Iván Márquez cuando dice que no se debe esperar una “paz express”, es decir un proceso rápido, que se pueda lograr de la noche a la mañana.
De alguna u otra manera el fenómeno de la guerrilla es producto de una sociedad cerrada, desde el punto de vista político, y bien injusta y feudal en lo económico, como era la Colombia de mediados del siglo pasado. Es en ese contexto hay que entender el discurso de Márquez y no llamarse a engaños. Escucharlo no significa que el país vaya a aprobar todo eso, por supuesto que no; pero escucharlo con atención hace parte del proceso.
En el tema de la minería los riesgos que advierte Márquez son los mismos que hacen diversas entidades y personas, comenzando por la Contraloría General de la República. El país no puede cerrar los ojos ante los riesgos ambientales y los retos sociales de la explotación minera.
No obstante lo anterior, consideramos que no le hace bien al proceso la actitud de algunos gremios de salir a criticar rápidamente las afirmaciones de las FARC, como el discurso de Iván Márquez. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se firma y lo importante es lo que surja de la mesa de negociación y sea acordado por las partes. Eso es lo que tiene validez política y jurídica, lo demás son palabras y muchas de estas se las lleva el viento.
Por el contrario, los gremios deben anteponer, así sea de manera temporal, sus intereses, que son legítimos, por el objetivo mayor de lograr una salida política al conflicto armado que sufre el país desde hace décadas.
Ante muchos de esos planteamientos generales de Márquez, y la reacción de los gremios, volvemos a resaltar la oportuna y conveniente precisión del ex ministro Humberto de la Calle, en el sentido de que el modelo económico no está en juego y que la negociación se debe circunscribir a los puntos de la agenda: desarrollo rural, participación política, narcotráfico, atención a las víctimas, fundamentalmente.
Este primer encuentro fue abierto en materia de información y comunicaciones. En nuestro concepto, las negociaciones deben manejarse con más prudencia y discreción de ambas partes, en aras de lograr una mayor efectividad, así eso vaya en detrimento de la tarea de informar, principal labor de los periodistas y los medios de comunicación.
En ese orden de ideas, sugerimos que ambas partes, gobierno y FARC, sólo tengan un vocero cada uno y que los comunicados con los resultados y avances de las negociaciones sean conjuntos, bien racionales y lejos de la emotividad de medios calientes como la televisión.
El Congreso de la República, los partidos políticos, los gremios y sindicatos, entre otras organizaciones harían bien en guardar una actitud de bajo perfil y respeto frente a los negociadores y canalizar de manera privada, por medio del Presidente, sus ministros y asesores, sus inquietudes para evitar la proliferación de mensajes, algunos de ellos contradictorios, en un proceso en el cual las comunicaciones sociales van a ser determinantes.
Finalmente, reiteramos que la paz bien merece una actitud prudente de los periodistas y los medios, que podrían abstenerse, así sea por unos días o semanas, del síndrome de la chiva. En este sentido, los medios de comunicación y los periodistas tenemos una gran responsabilidad histórica frente al país.