Observaciones sobre la Justicia (1)
Los colombianos no salen aún de su asombro luego de conocer la decisión del Consejo de Estado que invalidó la elección de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, argumentando vacíos de legitimidad en ese proceso en diciembre de 2010.
Antes de comentar la decisión misma del máximo organismo de lo Contencioso, es necesario tener en cuenta los antecedentes políticos y judiciales que rodearon la elección de Morales Hoyos. La Fiscalía General de la Nación se encontraba en una situación de interinidad en cabeza de Guillermo Mendoza Diago, quien sucedió en el cargo a Mario Iguarán Arana.
Esa interinidad generada en razón de la falta de acuerdo al interior de la Corte Suprema de Justicia, sobre la primera terna enviada por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esta estuvo integrada por Camilo Ospina, ex ministro de Defensa; Juan Angel Palacio, abogado paisa y ex consejero de Estado, y Virginia Uribe, abogada también de Medellín.
Fueron múltiples las votaciones de esa alta corte y no fue posible el acuerdo en torno a uno de los ternados. Luego, fueron renunciando uno a uno de los primeros ternados y – entonces- entraron Marco Antonio Velilla, Margarita Cabello Blanco y Jairo Aníbal Gómez. Con estos nombre tampoco hubo consenso en la Corte.
Posteriormente, el Presidente Juan Manuel Santos, debió cambiar la terna, ante la persistencia de la falta de acuerdo de la Corte con los anteriores nominados. Y en esa tercera terna estaban: Vivianne Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, actual Ministro de Justicia, y el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta.
Fue largo y dañino para el país el pulso político fuerte entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Uribe Vélez. En el fondo la elección de un alto cargo, como es la Fiscalía General de la Nación, es otro ejemplo más de la perturbadora politización de la rama judicial y del daño que ese fenómeno, generado por la Constitución de 1991, le puede hacer y le está haciendo a la correcta administración de justicia.
La invalidez de la elección de la Fiscal General Morales Hoyos, por haber sido elegida por 14 votos de un total de 18, cuando los reglamentos de la Corte hablaban de 16 de un total de 23, tiene serias implicaciones, desde el punto de vista jurídico y político.
En primer lugar se trata de una de las entidades más importantes de la administración de justicia, con un gran poder, un alto presupuesto y una atractiva y frondosa burocracia. Y eso significa un nuevo reparto de poder: puestos y contratos.
En segundo término, la Fiscal Morales Hoyos había mostrado criterio jurídico, decisión, independencia y carácter, en la gran mayoría de las decisiones bajo la responsabilidad de su despacho. El único tema polémico de su gestión hace parte de su vida privada y es su relación sentimental con un político polémico, controvertido y cuestionado, como Carlos Alonso Lucio.
Ante estos hechos, y en principio, consideramos positivo los anuncios preliminares del Presidente Juan Manuel Santos, en el sentido que en la próxima terna que su despacho enviaría a la Corte estaría Morales Hoyos. Pero, en los actuales escenarios su nombre no tendría la misma acogida.
Lo que los colombianos esperan es una pronta elección de un nuevo Fiscal General, para evitar que esa importante entidad vuelva a caer en la interinidad y falta de decisión. Persiste el interrogante si el nuevo funcionario tendría un periodo fijo de cuatro años o sólo deberá completar el periodo que falta luego de la salida de Iguarán Arana.
Administración de Justicia (2)
En medio de esa crisis que afecta la administración de Justicia en Colombia, resulta sorprendente y lamentable la decisión de la Juez Quinta Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, de negar el beneficio de la detención domiciliaria al ex director del Incoder y ex alcalde de Valledupar, Rodolfo Campo Soto.
Por principio institucional tenemos un gran respeto por las decisiones de la rama judicial. Y debemos admitir que no conocemos todos los detalles del caso por el cual es procesado Campo Soto, en relación con su participación en el manejo de unos recursos marginales del Programa Agro Ingreso Seguro.
Presumimos la inocencia de Rodolfo Campo Soto, teniendo en cuenta su proceder durante toda su vida pública y privada, conocido por todos los vallenatos y cesarenses. Además en este triste episodio, nos consta que ha estado presto a colaborar con la Justicia, presentándose oportunamente y entregando la información que le ha sido requerida en calidad de ex Director de esa importante institución.
No nos cabe en la cabeza que se llegue a pensar que un hombre como Campo Soto, pueda representar un riesgo para la sociedad y – por el contrario- teniendo en cuenta sus actuaciones en este proceso y su edad se le debió tener esa elemental consideración. Contrasta esta decisión con la situación de otros involucrados en este proceso, por tener parentescos con altos funcionarios y ex funcionarios de la misma rama judicial.
Lo mínimo que esperamos los vallenatos es una pronta y debida administración de justicia; debemos confiar en su sabiduría y su majestad, pero también solicitamos un mínimo tratamiento de consideración a una persona de las calidades humanas y la trayectoria de Rodolfo Campo Soto.