BOGOTA (AP) —
La Corte Suprema de Justicia instó el martes al presidente Álvaro Uribe para que aclare afirmaciones en las que aseguró que jueces y fiscales, por presiones de un “órgano superior de justicia”, ordenaron encarcelar a un ex funcionario presuntamente involucrado en un escándalo de espionaje.
“Esa es una denuncia muy grave por parte del Jefe de Estado”, dijo a los periodistas el magistrado Jaime Arrubla, presidente de la Corte.
Según Arrubla, es necesario que Uribe precise quién supuestamente presionó o dio la orden de encarcelar al ex funcionario porque si eso realmente ocurrió “es un delito”.
“En Colombia los jueces son independientes. Nadie puede influir en su criterio” para tomar sus decisiones, agregó el Presidente de la Corte.
Temprano, en una entrevista con la emisora Oxígeno, de la cadena Caracol, Uribe dijo que “ahora los fiscales y los jueces no se atreven a negar una orden de reclusión carcelaria cuando de por medio está la instrucción, que es una orden de un órgano superior de justicia”.
Uribe declinó decir a qué órgano superior se refería, pero era una obvia referencia a la Corte Suprema, la máxima instancia judicial colombiana, con la que ha tenido desde hace al menos cuatro años varios choques verbales por distintos procesos.
La declaración del Presidente surgió al hablar en defensa de Mario Aranguren, un ex funcionario encarcelado por su presunta relación a un caso de espionaje contra magistrados, periodistas y activistas desde la policía secreta.
“Es muy grave…que órganos superiores de justicia presionen jueces y fiscales para que metan a la cárcel a gente honesta, que no ha robado, como Mario Aranguren, que simplemente lo que ha hecho es cumplir con el deber de investigar unos movimientos de dinero” al parecer relacionados con el narcotráfico.
Aranguren, quien hasta el lunes de la semana pasada fue director de la llamada Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda; es acusado por los juzgados de abuso de autoridad, prevaricato y concierto para delinquir al haber entregado a la policía secreta en 2008, información confidencial sobre transacciones financieras, aparentemente irregulares, de al menos tres funcionarios relacionados con la Corte Suprema.
La única instancia que puede investigar a los magistrados es la llamada Comisión de Acusaciones del Congreso.
Aranguren ha dicho que simplemente entregó datos que le fueron solicitados por Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia y quien ya a mediados de mes fue llamado por la Fiscalía General a un interrogatorio informal sobre el caso del espionaje y datos suministrados por la UIAF, que tiene como objetivo rastrear posibles operaciones de lavado de activos.
Según Misael Rodríguez, el fiscal que le imputó los cargos a Aranguren, desde la UIAF y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía secreta, se concertaron para desacreditar a algunos magistrados de la Corte Suprema con el objetivo de minar las investigaciones del alto tribunal sobre lazos del paramilitarismo con congresistas, la mayoría de ellos aliados a Uribe.
Uribe siempre ha negado haber ordenado un espionaje desde el DAS, una oficina que depende directamente de la Presidencia de la República, y mantiene que interceptaciones ilegales de teléfono fueron obras de detectives corruptos.