Reina la incertidumbre en miles de familias residentes en distintos sectores de invasión del municipio de Valledupar, quienes, al parecer, acaban de ser notificadas mediante oficio de un operativo de desalojo que se llevaría a cabo el próximo 30 de octubre.
Esta es una vieja novela de muchos capítulos y de significativas extensiones de tierra, esta vez se habla de un presunto desalojo de los predios correspondientes a las invasiones de Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 1, zonas muy populosas de Valledupar.
Como suele suceder en todo conflicto, las especulaciones están a flor de piel, tanto es así que se pone en duda la veracidad del oficio de notificación del presunto operativo de desalojo, mientras que los afectados continúan presos de toda clase de preocupaciones. Se requeriría entonces una voz oficial que aclare el asunto y se vislumbren posibles salidas al problema.
Estamos hablando de “una tragedia social” como lo llamó en una ocasión la diputada del Cesar Claudia Margarita Zuleta, al hacer un análisis en el que aseguró que “el municipio de Valledupar está prácticamente rodeado de invasiones. En todas las comunas esto se ha convertido en una de sus principales problemáticas”.
Lo que más preocupa es que el problema crece en cada periodo gubernamental en el que siempre llega un nuevo alcalde para enfrentar, no solo la situación sino para mirar impotente cómo esta se agranda y se complica con el paso del tiempo. En estos momentos se considera que existen alrededor de 30 invasiones en varias de las comunas de Valledupar, además de algunos asentamientos ilegales en zonas corregimentales.
Al igual que en otras ciudades, en Valledupar el tema se ha convertido en un círculo vicioso en el que durante las campañas electorales el candidato a la alcaldía se compromete a solucionar el problema, pero al ser elegido alcalde se le cambian las reglas de juego y obligatoriamente le toca incumplir dicha promesa por todas las complejidades del asunto. El Estado resulta incapaz de resolver las necesidades de vivienda de la gente mientras el déficit habitacional crece abismalmente.
La pregunta es ¿qué hacer y cómo resolverle el problema al ciudadano carente de vivienda y al mismo tiempo garantizarle al dueño del predio invadido su derecho a la propiedad?
Estamos frente a un fenómeno constituido por una compleja mezcla de factores económicos, sociales y políticos que requieren una atención integral y soluciones sostenibles. El problema no solo crea tensiones entre los ocupantes y los propietarios legales de los terrenos, sino que también genera inconvenientes de orden público y salubridad.
Por ello se deben adoptar medidas urgentes, lo primero es contar con un censo y un diagnóstico integral y con base en ello los gobiernos nacional y local procedan a elaborar políticas de vivienda social que incluya aspectos como: reubicación planificada, fortalecimiento de la economía local, participación comunitaria y dialogo, además de prevención y control frente a las soluciones a corto y mediano plazo, con el fin de fortalecer la vigilancia sobre los terrenos para evitar nuevas invasiones.
El final ideal de esta novela sería la legalización y titulación de tierras, así como la implementación de sistemas de monitoreo y garantía de derechos a los propietarios de los predios. Una tarea nada fácil para ningún gobierno, pero que sería la mejor muestra de eficacia de un Estado Social de Derecho como es el nuestro.