Ser empresario del campo en Colombia se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo. Un día amaneces con la finca invadida. El otro, sin poder sacar los productos o cosechas por el mal estado de las vías rurales, y en los demás días, toca enfrentar los riesgos de la volatilidad de los precios del mercado y del dólar, los altos costos de insumos, largas e intensas temporadas de lluvias o sequía, plagas y enfermedades, robos, exceso de tramitología en entidades públicas y el más peligroso de todos, el riesgo político, para el cual no existe una póliza de seguro.
Claramente, el riesgo político ha sido el que más daño ha hecho y sigue haciendo al sector agropecuario, por el exceso de regulación y de manejo burocrático en las entidades que orientan y ejecutan la política pública sobre el sector. Si usted, ingresa a la página web del ministerio de Agricultura y le da link a una ventana que dice “normativa”, va a encontrar que el sector agropecuario está regulado por 96 leyes, 102 decretos y 100 resoluciones. Y, cuando uno revisa la institucionalidad al servicio del sector agropecuario, encuentra que el Ministerio de Agricultura perdió totalmente su misión como órgano rector de la política agropecuaria del país y se dedicó a ser un tramitador de recursos de ayudas y subsidios para programas o proyectos productivos del interés particular de padrinos políticos de los ministros de turno. Algo totalmente absurdo.
Los presupuestos de la cartera agraria y de sus entidades adscritas y vinculadas, dejaron de ser para los productores del campo y pasaron a ser del interés particular de financiadores de campañas presidenciales, al congreso y de algunos sectores privilegiados que tienen asientos en las juntas directivas de esas entidades. Los contratos, las nóminas y los presupuestos de inversión, se entregan con criterio político y de manera arbitraria. Solo basta hacer una trazabilidad de los dineros que se ejecutaron en los últimos años, para darse cuenta del despilfarro que hubo en esas entidades. Ya ven por qué hay tanto atraso e ineficiencia en el campo colombiano.
Desde este espacio he sugerido varias veces a los gobiernos, congresistas y ministros de turno, la necesidad imperiosa de recoger en unas cuantas leyes toda la regulación referente al sector agropecuario y diseñar una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador hace más de tres décadas, cuando se expidió la legislación actual. Si en realidad queremos tener un sector agropecuario competitivo en este mundo globalizado de la economía, lo primero que tenemos que hacer es construir entre todos unas nuevas reglas de juego (normatividad) que le dé seguridad jurídica a los empresarios del campo; que faciliten los procesos de producción, transformación y comercialización agroalimentaria; que garanticen los recursos de inversión y simplifiquen el acceso al crédito, ayudas e incentivos para aumentar la productividad en las explotaciones familiares campesinas, empresas agrarias y jóvenes rurales. Quedan notificados.
En el tintero. Si el gobierno no fomenta urgentemente las siembras en septiembre, le va a tocar importar alimentos caros en diciembre.