Desde que tengo uso de razón (no me refiero a la edad de 7 años, sino desde cuando comencé a tener conocimiento de filosofía enseñado por mis profesores de bachillerato, que he fortalecido con la lectura de grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Voltaire, Kant, Rousseau, Nietzsche y otros tan eruditos como los mencionados), cada vez que en nuestro país van a reformar el estatuto tributario, los expertos y el presidente de la República claman porque el cambio sea de carácter estructural; es decir, que perdure siquiera 10 años. Pero el Congreso Nacional siempre aprueba una reforma tributaria, máximo para 3 años.
Ahora para solventar el déficit fiscal dizque generado por la pandemia del covid-19, seguimos escuchando lo mismo, que nuestro país requiere con suma urgencia una nueva reforma tributaria, que permita recomponer la insuficiencia financiera, que por lo menos disminuya el desempleo, este último el primordial causante de múltiples problemas sociales, entre los cuales sobresale la inseguridad de los bienes y vida de la gente, además provoca inconformismo e indignación capaz de desestabilizar la gobernabilidad y poner en riesgo la reelección de los congresistas, en especial de los incondicionales al gobierno de turno.
El segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, que culminará el próximo 20 de junio, comenzó el pasado martes 16 de marzo. Consiguientemente, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República, mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el anunciado e indispensable proyecto de reforma tributaria que, según el presidente Iván Duque, tiene como objetivo principal la reactivación de la economía para generación de empleos, y que gran parte del gravamen se destinará al beneficio de los colombianos más pobres o con menos ingresos.
La nueva reforma reemplazará la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico, que concede demasiadas exenciones y descuentos a grandes empresarios del país y del exterior.
Sin ser experto en economía y tampoco en jurisprudencia, me atrevo a decir que poco o nada valen las reformas tributarias mientras no se modifique el sistema político colombiano, esto mismo lo han dicho destacados dirigentes, entre ellos el difunto Álvaro Gómez Hurtado, cuyo asesinato se lo adjudicaron recientemente al fallecido ‘Tirofijo’, fundador de las Farc, cuando varios de sus excomandantes, actualmente congresistas, quienes formalizaron el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos en 2016, revelaron la verdad a la JEP, confesión que sorprendió a todo el mundo, pero la familia del difunto ni la Fiscalía lo han aceptado.
No es secreto que la corrupción ha permeado a todos los estamentos del establecimiento colombiano, tanto públicos como privados y, para colmo, han conformado un poderoso contubernio del que salen librados los funcionarios y empresarios más influyentes, por el blindaje de sus inmensas fortunas. En todos estos casos, la mayor responsabilidad de que en nuestro país impere la corrupción recae sobre la dirigencia política. Para hablar detalladamente sobre este espinoso tema el espacio no me alcanza.
Por ejemplo, en las inversiones públicas generadoras de empleos como la construcción de carreteras, viviendas y otras infraestructuras, los congresistas aumentan sus riquezas a costa de los contratistas, quienes dejan gran cantidad de elefantes blancos en todo el país. Este enorme despilfarro del erario merece un inflexible castigo. Continúa el próximo jueves.