Con mucho entusiasmo, interés y expectativa fue recibido en el año 1993 el advenimiento de la Ley 100 que establecía la salud como un servicio público esencial de seguridad social, la cual se regiría bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, pero con el paso del tiempo algunas cosas han cambiado, otras no tanto.
A través de estos largos años son muchas las reformas a las que ha sido sometida, las cuales indudablemente han permitido su mejoramiento en diversos sectores de su largo accionar.
Pero a pesar de esas múltiples reformas (no es mucho lo que queda de la original), los trabajadores de la salud, que han sido y serán por siempre (al lado de los pacientes) los principales protagonistas del sistema y del negocio, han venido siendo menospreciados, y utilizados por muchos de sus empleadores que los han relegado a una tercerización leonina y deleznable de cooperativas o asociaciones sindicales que encontraron en ellos una nueva fuente de explotación laboral y que les ha permitido ampliar su red de negocios.
Gracias a esta inhumana forma de contratación, muchos trabajadores han sido sometidos históricamente a largas jornadas laborales con sueldos pírricos e irrisorios, sin ningún tipo de prestaciones sociales que en nada compensa el esfuerzo, el sacrificio y la inversión realizada para obtener un título en estas profesiones tan costosas y difíciles en nuestro país.
Esto ha ido no solo en detrimento de la calidad de vida del talento humano en salud, sino también de la prestación del servicio y en las finanzas públicas, pues, en la mayoría de los casos (sobre todo en los hospitales,) el personal es seleccionado más con criterios políticos que académicos, lo cual los somete a los vaivenes de los procesos electorales cada cuatro años. La honorable Corte Constitucional en los últimos días, al tutelar los derechos de la auxiliar de enfermería Lucy Caicedo, después de ser despedida del Hospital Comunal Las Malvinas-Empresa Social del Estado, en Florencia, Caquetá, tras 20 contratos de prestación de servicios durante 6 años, emitió sentencia ordenando su reintegro: “La actividad que se desarrolla por un auxiliar de enfermería no se puede suspender sin justificación, pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Esta Corte ha reconocido que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales”.
La corte determinó que ese contrato era laboral y no de prestación de servicios.
Aunque esta no es la primera ni la única sentencia en este sentido, sí resulta oportuna en estos momentos en que se tramita una nueva reforma al sistema de salud colombiano y queda abierta la puerta no solo para ellas sino para las enfermeras superiores, los médicos y demás trabajadores del sector salud (están en iguales condiciones y adquieren los mismos derechos), para que se determine por fin la inclusión de todo el talento humano en salud a las plantas de personal de las distintas EPS e IPS públicas y privadas.
Sólo de esta manera podrán ellos disfrutar de un trabajo digno y bien remunerado con todas sus prestaciones sociales y conseguir por fin la tan anhelada estabilidad laboral que les permita soñar con una pensión aunque modesta, pero pensión al fin. Ha llegado el momento para que los congresistas del país se coloquen del lado correcto de la historia y defiendan los derechos de estos trabajadores, para que el Estado empiece, aunque de manera tardía, a subsanar viejos errores.
Llegó el momento para que los sindicatos entren a exigir de manera categórica y contundente la formalización laboral en esta nueva reforma, amparados por esta sentencia o de lo contrario seguiremos escuchando todos los años reformas tibias y acomodadas, totalmente alejadas del bienestar y el progreso de los trabajadores del sector salud. Si no es ahora, los hoy llamados “héroes”, que son los que producen el billete en este negocio, terminarán condenados al ostracismo social y confinados al olvido en la más profunda y miserable explotación laboral en el país.