La política antidroga se ha centrado mayoritariamente en el castigo de los involucrados en la producción, tráfico y consumo, desconociendo alternativas que brinden solución al sinnúmero de problemas que causa este flagelo. Las muestras de éxito son decomisos, erradicación de cultivos, capturas y muerte de los líderes de estas organizaciones, como se evidenció con la reciente captura del narcotraficante alias Otoniel.
Nos han hecho creer que esa es la solución y llevamos años en esa lucha, pero ya está más que demostrado que la caída de decomisos y líderes no afecta sustancialmente las estructuras, ya que se renuevan con el ascenso de mandos menores controlando mejor la producción y comercialización de las drogas.
La erradicación de cultivos tampoco ha dado resultados positivos ya que, aunque en algunos casos se ha disminuido la cantidad de hectáreas en cultivo, los rendimientos los han venido aumentado generándose una mayor producción. Cada vez es más difícil para las autoridades desmontar las estructuras delictivas que manejan las drogas. Gran parte de ese problema se debe a lo lucrativo del negocio, que solo es comparable con la corrupción política, que involucra a los funcionarios en todos los estamentos del poder público y que para complicar el problema se han entrelazado estos dos males formando nudos en la sociedad muy difíciles de desatar.
Si empezamos a analizar el primer eslabón de la cadena productiva, encontramos que el cultivo se concentra en zonas totalmente abandonadas por el estado, influenciada por grupos armados y a unos campesinos estigmatizados que no tienen más que la opción que le brindan quienes sí llegan a la zona. La oferta financiera y tecnológica a sus cultivos que debe garantizar el estado es ofrecida por las estructuras delictivas, que además les aseguran precios atractivos para sus cosechas.
En Estados Unidos se han dado cuenta que las estrategias tradicionales no están dando resultados contundentes en la lucha antidrogas, por eso recientemente la Casa blanca anunció una nueva estrategia en la lucha contra las drogas que promoverá en Colombia, en donde se enfocará en la reducción de la producción de cocaína, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medioambiente, sin dejar claro si apoya la aspersión con glifosato. Bien importante los dos últimos enfoques que plantean, además de la protección a los líderes sociales y mayores esfuerzos contra el lavado de dinero; sin embargo, en la reducción de la producción no hay muchas novedades, más bien continuidad a las mismas estrategias.
Existen muchas alternativas que pueden quitarle poder a las estructuras delictivas, entre las que cabe mencionar lo que se ha venido logrando con investigaciones científicas basadas en las propiedades de estas plantas como potencial uso en diferentes industrias como la farmacéutica y la medicina.
No obstante, la regulación de este tipo de opciones es bastante compleja incluso para desarrollar este tipo de investigaciones, lo que deja lejos esas alternativas. Por lo pronto, esperemos que las nuevas estrategias traigan mejores alternativas para los campesinos y se deje de estigmatizarlos ya que ellos han librado las peores consecuencias en esta lucha contra las drogas.