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Nuestras universidades públicas

Este miércoles se conoció oficialmente el convenio firmado entre la Universidad Nacional de Colombia, el Gobierno nacional y el municipio de La Paz para la ejecución de la etapa I de la segunda fase de la Universidad Nacional, sede La Paz. 

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, anunció la asignación de $80.330 millones al proyecto y con ello el centro de educación superior podrá elevar su cobertura educativa de 1.200 a 3.500 estudiantes. Un crecimiento integral. 

En ese sentido, el aporte del Gobierno nacional asciende a $56.000 millones y el de la universidad  a  $24.333 millones. Por otro lado, según indican las fuentes oficiales, la readecuación y ampliación del alma mater estará concluida en el año 2024. La segunda etapa de la Segunda Fase podrá ser incorporada al listado de proyectos estratégicos de un necesario Programa de Transición Energética y Social del departamento.  

Tener a la Universidad Nacional en el Cesar, sin duda, es un paso adelante para el departamento. En competitividad, hablamos de que se cuenta con una universidad acreditada y que prepara profesionales en carreras altamente demandadas. Incluso, el proyecto integra la construcción de espacios de bienestar con modernas aulas-laboratorio en las áreas de química, biología, inteligencia artificial, robótica, innovación social, datos, geométrica, sistemas de información geográfica y de imagen y sonido; además, la edificación de un nuevo restaurante con capacidad para 400 personas.

Esta vez, la misma institución será la encargada de contratar la obra, diferente a la primera fase, donde la Gobernación del Cesar se encargó de elegir al contratista que por poco no termina la obra. 

Pero mientras celebramos el avance de la Nacional, debemos voltear los ojos y no olvidar a la universidad de todos, la Universidad Popular del Cesar, la que mayor cantidad de jóvenes cesarenses prepara. En los últimos meses su  institucionalidad ha logrado calmar las aguas y dar pasos adelante. Ese es el paso previo para empezar a encontrar los resultados, y por supuesto, atraer inversiones. Los jóvenes representados en su Consejo le han dado un nuevo y necesario aire. 

El Gobierno nacional tiene la gran responsabilidad de responderle a esos casi 19.000 estudiantes con inversión y vigilancia a los procesos administrativos. Que haya transparencia y que el final de todos los trabajadores de la UPC sea alcanzar la acreditación de alta calidad. Ese debe ser el fin, los medios: el arduo trabajo y la transparencia.

Despolitizar para academizar la UPC. Es posible. Los estudiantes, jóvenes en su mayoría, deben tomar la vocería y ser los primeros veedores de todo lo que sucede en la UPC. Vigilar a quienes manejan sus recursos. En la UPC miles de jóvenes depositaron sus esperanzas. 

Esperamos que hoy su rendición de cuentas sea un escenario también, como es de esperar de una Universidad, de discusión democrática, participativa, plural,  sobre su estado y sus  retos. 

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