Reflexiones de Tío Chiro y Tío Nan
(1ra. Parte)
Por: Aquilino Cotes Zuleta
El pasado 11 de julio se posesionaron tres de los nuevos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar. Se trata de Jaime Enrique Maestre Aponte, por las directivas académicas; Luis Napoleón Durán Cortes, por los docentes, y Jorge Alberto Manjarréz García, por los egresados, para un periodo de cuatro años.
Faltó el representante de los estudiantes, porque el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC no ha dado el nombre del ganador, a pesar de que el escrutinio de las elecciones realizadas el pasado 24 de mayo, da como ganadora a la estudiante de ingeniería Rosy Cotes Cortés.
El CSU está integrado, además, por el delegado del Presidente de la República que es Ernesto Orozco, por un ex rector, por la Ministra de Educación, por el Gobernador del Cesar, un delegado de los gremios del Cesar y por el Rector (quien tiene voz, pero no voto).
El CSU es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad entre sus funciones (Ley 30) están: 1.- Velar por que la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales. 2.- Expedir y modificar los Estatutos y reglamentos de la universidad. 3.- Designar al rector para un período de cuatro años y removerlo de acuerdo con la Ley y los reglamentos.
El mismo día de la posesión y aún con la novatada de los nuevos miembros, sorprende la autorización que hicieron los consejeros de una convocatoria de méritos para docentes que viene impulsando contra viento y marea el Vicerrector Académico, Roberto Daza Suárez, para sacar de la UPC a 14 de los 35 docentes de tiempo completo provisionales que tiene en estos momentos la institución. Hay provisionales con 8 y 15 años de servicio como docentes.
Los docentes denuncian que el funcionario ha creando los perfiles discriminatoriamente para lograr que el grupo de 14 no tenga posibilidad de concursar ni de ganar el concurso, lo que estaría provocando nuevas demandas contra la UPC que hoy se ve obligada a pagar cientos de millones de pesos por los despidos que han hecho los rectores en el pasado, entre ellos Roberto Daza Suárez, contra quien ya hay una sentencia de Acción de Repetición.
Podría prevaricar el Consejo Superior si reconfirma la convocatoria que está en proceso de elaboración, dado que lo que se comenta en los corrillos y se pretende es sacar de la UPC al grupo de 14 porque Daza Suarez quiere “deshacerse de ellos”, porque en el pasado se unieron al entonces candidato a la rectoría José Guillermo Botero, quien a la postre fue rector, para derrotarlo a él (Daza Suárez).
Lo cierto es que los estamentos universitarios esperaban con la posesión del nuevo CSU más mesura en su primera reunión y más protagonismo para analizar los pormenores de la UPC atinentes a la problemática presupuestal, de despidos de funcionarios, gastos suntuosos, viáticos innecesarios y tareas de construir universidad.
Inclusive, hacer cumplir el Código de Ética de la universidad que establece que quien demande o sea demandada por la UPC no puede ser nombrado funcionario de la institución.
Sin embargo, el nuevo CSU olvidó analizar el alcance de la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar (radicación 20-001-23-31-003-2009-00366-00) que condena al actual Vicerrector Académico, Roberto Daza Suárez, a “…reembolsar a la UPC la suma de $343.394.777,oo porque es responsable por dolo y culpa grave de la condena impuesta por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 14 de agosto del 2008, a favor del señor Oscar Pacheco Hernández…” a quien destituyó caprichosamente de su cargo como docente provisional.
Sin embargo, a pesar de que la UPC fue la demandante de la Acción de Repetición a través del abogado Jhon Jairo Díaz Carpio, el demandado Daza Suárez funge como Vicerrector Académico y no ha reembolsado el dinero a la institución.
Los estamentos universitarios esperaban que el nuevo CSU le ordenara al rector Jesualdo Hernández Mieles que declarara insubsistente al vicerrector, pero lo sigue respaldando en detrimento de los intereses de la entidad y el nuevo CSU tampoco toca el tema. Próxima entrega: proceso 2011-00465 “La demanda contra la UPC”.
Hasta la próxima semana.
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