Luego de que en primera instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná condenara al exalcalde José Carmelo Galiano por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, el candidato a la Alcaldía de ese municipio se pronunció a través de Facebook.
Galiano aseguró que no renunciará y seguirá en la lucha por ser elegido alcalde nuevamente. Además, explicó que su defensa ya interpuso un recurso de apelación para dejar sin efecto lo dictado por el juzgado.
“Respeto la decisión judicial, pero no la comparto porque tengo la convicción que voy a salir absuelto en las decisiones superiores. Hasta tanto no se resuelva tengo el derecho de continuar en este ejercicio y seguir en las elecciones para ser elegido alcalde de mi municipio”, sostuvo el exalcalde Galiano.
El candidato por el partido de la U acusó a sus rivales de estar detrás de la decisión de la justicia. “Es evidente que una campaña me quiere sacar del proceso electoral. No lo van a lograr. Lograron un fallo para apartarme, pero no lo haré. Y no lo haré porque soy inocente. Respeto la decisión judicial pero no la comparto y así lo vamos a demostrar en las instancias superiores”, comentó Galiano.
Por último, Galiano envió un mensaje a sus electores. “Quiero decirle a mis simpatizantes, familias que me apoyan, candidatos al Concejo, comerciantes, pescadores, a toda la sociedad, vamos a continuar con nuestra campaña política llevando un mensaje de paz y reconciliación. Le pido a Chiriguaná que bajemos la temperatura y llevemos un debate en paz”.
PROCESO
En el 2006, siendo alcalde Galiano, firmaron los Contratos 032 y 033, cuyo objeto era la construcción de varias instituciones en Chiriguaná. Inicialmente contaba con un presupuesto oficial de $10.683 millones, que luego de haber sido modificado incrementó su valor a $14.686 millones.
El proyecto fue nuevamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos Municipales, a través de la Licitación pública N° 003 de 2006, de la que no se encontró antecedentes sobre el proyecto de licitación, análisis o estudios de mercado para determinar precio. Entre las irregularidades encontradas durante la investigación, el juzgado estableció que los consorcios delegaron la responsabilidad en una sola persona.
Además, la interventoría para los contratos 032 y 033 tenía un plazo de 6 meses, mientras que los contratos de obra tenían un plazo de 10 meses, y solo se presentó un informe parcial de interventoría.
Para completar no se evidenció un cronograma de actividades para llevar a cabo la ejecución de la obra, ni se encontró acta de inicio de obra o actas de avance de esta, “por lo que entonces no se pudo establecer con claridad la ejecución técnica, económica, financiera y administrativa del contrato; algunas facturas no están suscritas y no existe el comprobante de egreso que certifique el pago realizado por la administración”.