No podemos desenfocarnos de la ‘lucha contra la corrupción’, motor de las pasadas elecciones presidenciales y el que más ilusión de cambio generó en el electorado; los llamados al Acuerdo Nacional, del presidente electo, no pueden desconocerla, como lo ha declarado oportunamente el excandidato Sergio Fajardo.
EL PILÓN al examinar en ese tema los programas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández observó ‘lugares comunes’ – hay por cierto leyes a tutiplén que no se cumplen, como el Estatuto Anticorrupción de 2011 que ordenó las comisiones departamentales de moralización y aquí no conocemos la primera reunión-, que nada contribuirían a cambiar las cosas y a pasar de los anuncios, salvo la relevancia que Petro le dio a la Participación Ciudadana como herramienta de su combate. Compartimos esa visión que ratificamos al leer ayer la columna de Patricia Rincón Mazo, en El Tiempo, “La corrupción contraataca, ¿y ahora?”.
Dice que para hacer efectiva la lucha hay que profundizar en (1) qué se entiende por corrupción, la define como “el abuso de una posición de poder para obtener un beneficio particular”, inclinando su decisión a favor de alguien o sí mismos. (2) “aumentar la transparencia entendida como la capacidad de informar a los ciudadanos en lenguaje sencillo qué se gestiona desde la administración, incluidas las decisiones que se toman y los efectos esperados (…) el uso de los recursos, rendirles cuentas permanentemente y de forma incluyente, que sepan qué hace la administración, qué servicios presta, dónde se accede a ellos y quién atiende las necesidades. (3) promover procesos de participación.
Por la transparencia “los ciudadanos expresan su opinión, que puede modificar las decisiones de sus gobernantes. Y estaría la participación de codecisión, en la cual puede decidir con la administración pública; y la colaborativa, en la que decide el tipo de bien o servicio a recibir y sus características. Si se informa que va a construir un parque, con la consulta escucha si quiere que se construya, en la codecisión el ciudadano decide su construcción y en la colaboración ayuda a decidir si tiene pasamanos, ciclorrutas, etc (…) no más planeación unilateral, que solo fortalece los procesos de corrupción porque desde la planeación se determinan las acciones a emprender y se orienta el presupuesto público” (4), “la inclusión.
Si la corrupción beneficia a unos pocos, la inclusión es una poderosa herramienta para combatirla. Es fundamental no dejar a nadie atrás. Que los pobres, desfavorecidos tengan el derecho a participar en los procesos de gobierno y acceder a los bienes y servicios sociales”. En nuestra región abundan los ejemplos de unilateral planeación de las obras. La participación social y la denuncia, ya es un gran paso, que,
junto a los medios de comunicación independientes, y al efectivo papel de los órganos de control, (que deben sacudirse de la corrupción que deben combatir), aseguran el 80 % del éxito.