Sigue el desbarajuste en la Secretaría de Tránsito en Valledupar, su cara ante la opinión pública no es la mejor y tampoco frente a las entidades de control.
La semana anterior ante las denuncias por posibles actos de corrupción entre funcionarios de la entidad y la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación ingresó a las instalaciones del sitio y verificó los documentos con el fin de esclarecer si existe la pérdida de carpetas con información de vehículos relacionados con el tema de la chatarrización. Ahora la Procuraduría General entró a evaluar de manera disciplinaria la sectorial.
Fue la Procuraduría Provincial del Ministerio Público que abrió una investigación luego de una denuncia instaurada por Edanith Gil, a quien le inmovilizaron su motocicleta y habría pagado el comparendo que le impusieron, sin embargo, la mujer no habría recibido notificación del desmonte de la sanción en su contra, razón por la que optó por acudir a la Procuraduría Provincial de Valledupar, sospechando que en la Secretaría de Tránsito se estarían cometiendo maniobras de manera irregular con los dineros del recaudo.
El secretario de Tránsito de Valledupar, Óscar Tom Socarrás, aseguró que “el dinero que corresponde al Parqueadero Municipal va a una cuenta del Terminal de Transporte y los derechos de tránsito van a una cuenta de la Secretaría que los maneja Hacienda Municipal”.
Esto se suma al escándalo de supuesta corrupción que existe en el interior de esa dependencia municipal, desde donde se estarían financiando campañas al Concejo y la Alcaldía de la ciudad.
El hecho generó que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación tomara manejos de inspección en la Secretaría del Tránsito. Esta semana las labores continuaron.
“En la inspección judicial ordenada a la Secretaría de Tránsito de Valledupar se recogieron elementos materiales probatorios, consistentes en documentación relacionada con una investigación penal que se adelanta por presuntas falsedades en procesos de chatarrización de camiones”, informó en su momento la Fiscalía.
A corte del mes de mayo, eran 12.736 vehículos inmovilizados y 14.262 los comparendos impuestos a infractores, que dejarían alrededor de tres mil millones de pesos para las finanzas de este municipio.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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