El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, tiene listo un proyecto de resolución por medio del cual declarará a las minas La Jagua y Calenturitas como áreas reservadas “a la protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente”.
Las minas, ubicadas entre los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, son identificadas como ‘áreas estratégicas mineras bloque 19 y 20’, las cuales eran explotadas por el Grupo Prodeco, empresa que renunció a los títulos mineros en el 2021.
Los polígonos de estos terrenos susceptibles de ser reserva durante un periodo de dos años abarcan 6.558 hectáreas, en el caso de Calenturitas, y de 609 hectáreas, en La Jagua.
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO?
Según el Gobierno, el propósito de esta medida es “evaluar técnicamente alternativas para la prestación de servicios públicos, transición energética y diversificación productiva”, puesto que el país quiere disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y hacer énfasis en el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados en materia ambiental, siendo el Acuerdo de París el más relevante.
Este Acuerdo compromete a Colombia a contribuir a la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, mediante la reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así las cosas, uno de los efectos de la medida es que la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación y cualquier otro tipo de contrato o título.
LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE PRODECO CONTINÚAN
No obstante, información oficial indica que el acto administrativo no detiene el cumplimiento de las obligaciones ambientales pendientes en estas áreas por parte del Grupo Prodeco, así como tampoco las medidas ambientales necesarias “para corregir cualquier daño o riesgo ambiental y aquellas que surjan con ocasión del seguimiento y control ambiental que ejerce la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”.
En el documento, publicado en el Ministerio de Minas y Energía, en la sección de Servicio al Ciudadano, pestaña Foros, el Gobierno también describe que existen circunstancias jurídicas promovidas por la etnia yukpa en contra del Estado colombiano y las empresas que han desarrollado proyectos mineros a cielo abierto en áreas que los indígenas consideran “territorio ancestral”, según ellos, sin consulta previa.
ALTERNATIVAS PARA DESARROLLAR
El Gobierno recibirá observaciones, comentarios y propuestas de la ciudadanía y gremios sobre este proyecto hasta el próximo sábado 24 de agosto de 2024.
Dentro de las alternativas que serán evaluadas para aprovechar estas minas, están, en primer lugar generar energía solar fotovoltaica por medio de paneles solares u otras posibilidades en materia minera-energética, realizar procesos de restauración ecológica, producción agropecuaria y el uso regenerativo del suelo, entre otras.
“Otra opción innovadora consistiría en emplear los terrenos para el desarrollo de un jardín botánico… Esta opción no solo permitiría el desarrollo de viveros de especies nativas a utilizar en procesos de restauración ecosistémica, sino se convertiría en un gran atractivo turístico de la zona, lo que a su vez permitiría aumentar la empleabilidad de las personas afectadas por la salida de Prodeco del territorio”, se lee en el texto.
El Gobierno precisa que “independientemente de la actividad económica que se quiera desarrollar, es esencial realizar evaluaciones geológicas exhaustivas que permitan conocer la línea base de las áreas intervenidas, diseñar, implementar y monitorear estrategias de mitigación efectivas”.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. andreaguerraperiodista@gmail.com