Un veedor ciudadano ejerce control a la gestión pública con el amparo de la Ley 850 de 2003, que en los últimos diez años se ha convertido en uno de los principales instrumentos en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la eficiencia y transparencia de los proyectos y demás construcciones del Estado Social de Derecho que involucren recursos públicos.
Las veedurías realizan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos.
Según datos de la Personería de Valledupar desde el 12 de junio de 2008 hasta el cinco de diciembre de 2014, ha recibido 127 veedurías ciudadanas y en lo corrido de este año se adelantan veedurías sobre cinco proyectos que se están ejecutando en el Cesar.
- Sanidad de la Policía Nacional en el departamento del Cesar
- Fase dos del proyecto de construcción de pavimento rígido en vías urbanas de Valledupar y el Cesar
- Avenida Simón Bolívar de Valledupar
- Obras en el corregimiento de Los Venados
- Recursos de regalías del Cesar y Valledupar
Menos denuncias
En la oficina de control fiscal de la Contraloría Municipal llegan las quejas de los veedores en torno a las inconsistencias e inquietudes de la comunidad que los eligieron.
Milton Arias, jefe de esta oficina, dijo que para este año hubo una reducción en el flujo de denuncias. Según las cifras en el 2013 se presentaron 70, mientras que en lo que va del 2014 van 43.
“Las quejas son de temas varios, como la instalación de antenas telefónicas, postes mal ubicados, contra la Secretaría de Tránsito sobre el manejo de la movilidad y manejo irregular en instituciones educativas”, dijo Milton Arias.
En Valledupar ejecutan varias obras que a pesar de que tienen veedurías ciudadanas conformadas no realizan su papel a cabalidad.
Los comerciantes de la avenida Simón Bolívar y los habitantes del barrio Amaneceres del Valle en su calidad de veedores han expresado sus observaciones y sugerencias frente a las obras de construcción de la malla vial y el colector de aguas lluvias del canal de Panamá, respectivamente.
Así mismo, otra veeduría que muestra una actitud activa es la conformada alrededor de la pavimentación de la vía Zanjón-Pueblo Bello, cuyos miembros han expresado reiteradamente su inconformidad por la ejecución del proyecto, que no cumple con los tiempos estipulados en el contrato.
Irregularidades en obras de La Paz
José María Oñate, veedor ciudadano de La Paz, dijo que en la actualidad la veeduría no tiene apoyo estatal y es función del Estado brindar a esa organización comunitaria la documentación para que hagan el control sobre los proyectos y programas que se ejecutan con recursos públicos.
Al tiempo denunció ciertas inconsistencias en diferentes obras públicas que se han adelantado en el municipio y la pobre intervención del Gobierno Nacional y las entidades de control sobre ellas.
“La obra de El Chorro no debió construirse en esa ubicación porque está al lado de una invasión, y el OCAD es claro en decir que donde se encuentre una invasión no puede haber ejecución de obra porque terminan siendo desvalijada”
Dijo además que este proyecto no fue socializado con la comunidad, las veedurías, ingenieros y profesionales del municipio, “En El Chorro se invirtieron 2.800 millones de pesos pero el río cogió agua y se llevó las paredes porque quisieron obstaculizarlo”, manifestó José Oñate.
Reiteró que las columnas que soportan la inversión pública sobre en un proyecto es la socialización, eficiencia y eficacia por parte de la Oficina de Planeación.
“La obra de la Avenida Ciro Pupo Martínez es la obra de la mayor improvisación, además que no hicieron socialización tampoco tiene los parámetros técnicos y el OCAD nació fue para eso, para regular la inversión”, dijo el veedor.
Otra inquietud por parte del veedor José Oñate se centra en el sistema de acueducto que según él, debieron haberse entregado en agosto de 2013 y hasta la fecha la obra no va ni en un 80% de ejecución porque al parecer hay problemas sobre el terreno en el que se adelantan los trabajos.
“El culpable es el OCAD, porque se verifica es la tenencia de la tierra y ahí no hubo explicación de tenencia de tierra y no se puede hacer una obra en predios ajenos”, indicó Oñate.
Sobre las obras en el tradicional parque de la Almojabanera, José María Oñate explicó que hubo un engaño en la socialización. “Fue socializada con el nombre de un proyecto y lo ejecutaron con otro proyecto, al ejecutarla de esa manera ya tiene unas irregularidades como la cubierta que le pusieron, la orientaron hasta donde nace el sol, cuando vienen las lluvias se mete toda el agua, destruyeron la arborización, las sillas hechas de hierro y el sol las calienta, hay un desplazamiento de las mujeres almojabaneras que ahora están en las orillas de la carretera e invadiendo el espacio público”.
¿Sabía usted qué?
Los veedores no son funcionarios públicos, no devengan sueldo pero si cumplen una función pública y deben tener responsabilidad ante la comunidad que los eligió.
En el caso que un veedor sea hallado culpable de conductas ajenas a las de su función se verán expuestos a investigaciones disciplinarias y entre los perjuicios están el de no poder ejercer cargos públicos.
ABC de las veedurías ciudadanas
Los veedores fueron creados como medida de vigilancia por parte de la comunidad para abarcar control sobre todos los proyectos y contratos que involucren recursos del Estado y que además no alcanzan a ser intervenidos por los organismos de control como la Contraloría y la Personería.
Conformación de veedores
De una forma democrática la comunidad elige a los veedores, luego deben elaborar un acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.
Posteriormente se hace la inscripción de este documento ante las personerías municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.
Objetivos
Las veedurías pueden vigilar las entidades u organismos nacionales o territoriales, bien sean de naturaleza pública o privada, que cumplan funciones públicas así como las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y ejecuten programas, proyectos y contratos o presten un servicio público y que cuenten con recursos del Estado.
Será materia de vigilancia por la Veeduría Ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas y proyectos debidamente aprobados.
Entre los objetivos están el de fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal.
Al igual que fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de inversión.
Los veedores podrán intervenir en audiencias públicas sobre las irregularidades halladas en proyectos, contratos y actuaciones de funcionarios del Estado o de particulares que adelanten función pública.
Pueden denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que constituyan delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de servicios públicos.
También pueden solicitar a la Contraloría General de la República ejerzan control fiscal financiero sobre las entidades nacionales u órganos independientes que se le hallan adjudicado contratos públicos.
Impedimentos para ser veedor
Entre los impedimentos para ser veedor ciudadano están:
Cuando sean contratistas, interventores, proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto de veeduría o tengan algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las mismas.
Tampoco podrán ser veedores quienes hayan laborado dentro del año anterior en la obra, contrato o programa objeto de veeduría.
No podrán ser veedores quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con el contratista, interventor, proveedor o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa así como a los servidores públicos que tengan la participación directa o indirecta en la ejecución de los mismos;
En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados y congresistas.