Después de concluir el juicio oral por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, el gobernador del Cesar (r), Luis Alberto Monsalvo Gnecco, rompió el silencio para detallar sobre las complejidades que enfrentan los entes territoriales para implementar ese contrato.
Monsalvo Gnecco inicialmente refirió sobre la manera cómo distintos actores sociales con alguna falencia o falla en la ejecución del PAE arremeten contra la administración gubernamental.
“Solo con una fotografía de unos bananos en mal estado lo convierten en un ataque a la entidad territorial, cosa que no es cierto porque el Plan de Alimentación Escolar depende directamente de los rectores que son los que verifican la calidad de los alimentos que entregan en las 1.100 instituciones educativas junto a supervisión e interventoría”, acotó Monsalvo.
Explicó que encomendó las funciones para la implementación del PAE, por tanto, su posición no iba más allá a la de ordenar el apego a las normas.
“No hay contratos perfectos. Dos cargos me endilgan, uno de ellos es de contrato sin lleno de requisitos y frente a este, la Fiscalía no ha aportado las quejas o el requerimiento de un tercero que haya dicho que nosotros le violamos la transparencia en el proceso contractual. De tal forma, quiero decir, que la Gobernación tiene 1.766 contratos al año y que realmente uno desde el despacho de gobierno adelanta las exigencias para que se adelanten los procesos de forma transparente, apegados a la ley, pero debe definirse una frontera de lo que es ser un delegatario y ser delegado”, aseveró el mandatario.
Destacó el rol que tienen también los directivos de las instituciones educativas para cerciorar el adecuado funcionamiento del PAE y los lineamientos por los que deben regirse para aplicarlo. Como ejemplo expuso que la norma establece que la ración de comida solamente debe suplir al niño el 30 % del requerimiento nutricional, por tanto, a la hora de aplicarlo en un almuerzo o en un desayuno el plato se ve medio vacío, generando inconformismo en la comunidad.
Otro aspecto que Monsalvo destacó fue la cantidad de personas que deben participar para poner a funcionar el PAE.
“Si el presidente entrega la delegación a un ministro de tecnologías no es responsabilidad directa del presidente, sino de cada quien. En este caso en particular quien firma los documentos del proceso licitatorio es el delegado y no directamente el gobernador, ni más faltaba, el gobernador no puede asumir la responsabilidad de gobernar y al mismo tiempo contratar 1.766 procesos, así como tampoco puede al mismo tiempo liquidar más de 20 mil recibos de estampillas que la Gobernación recauda al año”, enfatizó Monsalvo.
Así las cosas, Monsalvo se mostró inconforme de estar en la palestra pública y judicial a la espera de un fallo que decidirá si es culpable o inocente por las posibles irregularidades del PAE ejecutado en su primer periodo de gobernador en el año 2015. Y más cuando, según él, se volvió dirigente político en medio de intimidaciones por parte del exjefe paramilitar Jorge Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitirá el sentido de fallo en la próxima audiencia.