El desalojo que se había notificado para las cerca de 50 familias que residen en un predio ubicado en la vereda La Guitarra del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción del municipio de Valledupar, y que es reclamado por unos particulares, fue cancelado luego de que las personas que aducen la propiedad sobre el mismo no estuvieron de acuerdo en que fuera un proceso parcial.
De acuerdo con lo que explicó Miguel Rocha Cuello, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la alcaldía, por ser un predio privado necesitaban la gestión de los particulares que aseguran ser los propietarios, es decir, que hicieran el despliegue de la maquinaria y todo lo demás contando con el acompañamiento del Gobierno municipal. “En la reunión del lunes los propietarios no estuvieron de acuerdo en que fuera parcial por lo tanto el día de mañana (hoy) no podemos hacer desalojo, si fuera un predio público como en el caso de El Edén nosotros procedíamos, pero no pudiéramos solventar los costos de un desalojo cuando el predio es privado porque sobre eso hay claridad en el ornamento jurídico colombiano y como no se están solventando por parte de esas personas, nosotros estamos en stand by”, explicó Rocha Cuello.
Así como con los reclamantes, la administración local se reunió con las personas que están asentadas de forma irregular en estos predios y además en cumplimiento del fallo llevaron ayer una oferta de servicios para desplegar el acceso al sistema educativo, al sistema de salud, etc.
A pesar de esto hay un punto que genera discusión del mismo fallo sobre los subsidios y la oferta de vivienda, dado que los moradores no quieren viviendas porque están dedicados a cultivar y explotar la tierra y desean en su lugar predios para este fin.
Frente a esto, se evaluará la posibilidad de que en cumplimiento del fallo se pueda modular la orden y se habilite a la administración municipal para proveer de tierras a estas personas, algo que llevarían a cabo el próximo año si es autorizado por el juez, según explicó el funcionario.
La situación será informada al Juzgado Cuarto Civil Municipal con relación a todo lo que ha venido ocurriendo porque hay varias órdenes y actuaciones, frente a las cuales la administración tiene que desplegar una serie de medidas y gestiones que incluso se deben contemplar en su presupuesto. “En total encontramos seis órdenes y cada una la estamos cumpliendo paso a paso”, manifestó Rocha.
En este mismo caso se había proferido anteriormente una sanción contra Augusto Ramírez Uhía de cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes por un presunto desacato, pero que tras estudio del juez fue revertido a favor de Ramírez Uhia.
Entre tanto buscan cumplir con cada uno de los fallos judiciales sujetados a la realidad presupuestal y a los tiempos que orienta la sentencia, sobre lo que Rocha enfatizó en que no es su propósito hacerle esguince a las sentencias proferidas por los jueces de República, mucho menos burlar a los demandantes o accionantes que resultaron favorecidos con esa sentencia.